Imagen de archivo de un pleno del Ayuntamiento de Alicante - Roberto Plaza - Europa Press
ALICANTE, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este viernes en una sesión extraordinaria, con los votos a favor de PP y Vox, la propuesta de declaración institucional por la que se acuerda manifestar el rechazo a los "intentos de manipulación" del censo electoral, en un contexto marcado por las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
La iniciativa, que han rechazado PSPV, Compromís y EU-Podem, ha sido presentada por el grupo municipal Vox y su portavoz en el consistorio alicantino, Carmen Robledillo, ha señalado que se trata de una cuestión que afecta directamente a la "credibilidad" de la democracia.
En este sentido, ha apuntado que el Gobierno central ha convertido la llamada memoria democrática en "una bandera partidista". "Una ley que debería abordar nuestra historia con rigor se ha utilizado para reabrir heridas, dividir a los españoles y extender una determinada interpretación ideológica desde el poder", ha enfatizado.
Además, ha sostenido que cuando se habla de nacionalidad y de derechos electorales "no caben atajos administrativos, ni interpretaciones arbitrarias, ni controles insuficientes".
"DUDAS"
Por su parte, la portavoz del PP en el Ayuntamiento, Mari Carmen de España, ha asegurado que las "dudas" las siembra la izquierda, porque las leyes o decretos los hacen "a medida", y ha cuestionado la forma en la que el Ejecutivo central ha desarrollado la llamada "ley de nietos". "La sociedad está harta y por eso el 29 de noviembre ojalá cambien las tornas", ha sentenciado.
En este contexto, la portavoz adjunta del PSPV en el Ayuntamiento, Ana Barceló, ha sostenido que "no es legítimo" presentar a quienes han adquirido la nacionalidad como "instrumento de una supuesta conspiración electoral sin demostrarlo", al tiempo que ha manifestado su "preocupación" ante "cualquier medida que restrinja el ejercicio del derecho fundamental al sufragio de ciudadanos españoles".
En la misma línea, la edil de Compromís Sara Llobell ha alertado de que esta declaración es "una provocación" y ha culpado a Vox de querer convertir la campaña electoral en "una sucesión de provocaciones". "La democracia no consiste en elegir quién puede votar para tener más posibilidades de ganar, consiste en aceptar que todas las personas tienen derecho a hacerlo y pueden votar libremente", ha concluido.
Finalmente, el portavoz de EU-Podem en el consistorio, Manolo Copé, ha dicho que "si tienen pruebas de irregularidades", que las presenten y denuncien. "La democracia se defiende con hechos y no sembrando sospechas", ha apostillado.
El pleno ha celebrado una sesión extraordinaria para tratar los asuntos pendientes --de carácter más político-- que se aplazaron de la ordinaria del pasado 29 de octubre en señal de duelo por la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo). En ella también se han aprobado, con los votos a favor de PP y Vox y en contra de la oposición de izquierdas, otras dos propuestas de declaraciones institucionales presentadas por los voxistas.
Concretamente, la primera de ellas, relativa a instar al Consulado de Argelia y a la Autoridad Portuaria al traslado de la Oficina del Consulado a instalaciones del Puerto de Alicante que sean cercanas al lugar de atraque del ferri de la línea regular entre Alicante y Orán. La segunda versaba sobre el refuerzo de la defensa, la seguridad y las capacidades del Estado en Ceuta y Melilla.
HUELGA GENERAL
De otro lado, PP y Vox han rechazado otra declaración institucional presentada de forma conjunta por Compromís y EU-Podem, en la que se pedía manifestar el apoyo del Ayuntamiento a reivindicaciones de la huelga general del 11 de noviembre.
Tras intervenir en la sesión plenaria representantes de CCOO y UGT y pedir apoyo a la corporación municipal, Mas ha resaltado algunos de los motivos de la huelga general: "Por una vivienda digna, porque tener un techo no puede ser jamás un privilegio".
En este punto, el portavoz de Compromís ha insistido en que "la vivienda es para vivir, no es para especular", y ha incidido en que "trabajar es para poder vivir, no vivir para trabajar".
De igual forma, Copé ha asegurado que "la vivienda y el trabajo no son dos luchas distintas, son en realidad la misma pelea por una vida que merezca la pena vivir", al tiempo que se ha cuestionado cómo se ha llegado a un país donde "tener un trabajo no garantiza poder vivir dignamente".
A esta cuestión, tanto la portavoz del PP como el concejal de Vox Mario Ortolá han respondido que se debe a los ocho años que lleva en el Gobierno la izquierda. El edil voxista cree que se trata de "la primera huelga contra la oposición de la historia de España". "Por supuesto que es inconstitucional", ha agregado.
VIVIENDA
Por otro lado, el PSPV ha preguntado qué medidas va a tomar el alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), para movilizar las "aproximadamente 15.000 viviendas vacías que existen en la ciudad", con el fin de que puedan incorporarse al mercado del alquiler.
De esta manera, la portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento, Trini Amorós, ha preguntado a Barcala si le parece "normal" que una vivienda protegida cueste "272.000 euros" y una familia tenga que tener ahorrados "55.000 euros" para pagar una entrada de una vivienda construida en suelo público. "Eso es lo que ocurre en la calle Ceuta", ha añadido.
Según Amorós, el problema "no está en esas familias", sino en que, "aunque trabajen, la vivienda sigue fuera de su alcance". La portavoz socialista también se ha referido al caso del Residencial Les Naus, con viviendas de protección pública (VPP) repartidas, ha dicho, "entre amigachos del PP".
En este contexto, el concejal 'popular' Carlos de Juan ha respondido que la izquierda pide a Barcala seguridad jurídica mientras el Gobierno central, a su juicio, la ha "dinamitado" con "políticas intervencionistas" y "decretos lamentables". Además, ha aseverado que el programa de alquiler asequible del Ayuntamiento gestiona "más de 573 viviendas en la actualidad".
Igualmente, Vox ha presentado una propuesta de declaración institucional sobre la "crisis de acceso" a la vivienda y medidas que adoptar para "garantizar el futuro de los alicantinos". Ha salido adelante con el sí de los 'populares', además de los apoyos de los concejales voxistas, y han votado en contra PSPV, Compromís y EU-Podem.
Sobre esta cuestión, el concejal de Vox Óscar Castillo ha destacado que no se puede hablar de vivienda "sin hablar de inmigración", porque "África no cabe en España". "No podemos incorporar a millones de personas a nuestro país mientras la construcción de viviendas permanece prácticamente estancada y pretenden que esto no tenga consecuencias sobre los precios", ha enfatizado.
Asimismo, ha remarcado que se necesita "más suelo disponible, licencias ágiles y vivienda protegida", así como "transparencia y controles efectivos, especialmente después de las controversias surgidas en torno a Les Naus".
Por ello, ha propuesto una serie de medidas, como "prioridad nacional" en ayudas, vivienda protegida, reducción de impuestos, más suelo, menos burocracia, mayor construcción de vivienda protegida, prioridad para los propietarios, actuaciones contra la ocupación ilegal, revisión de las políticas migratorias y abordar sus efectos sobre la demanda de la vivienda.
En este punto, De Juan (PP) ha señalado que, si bien comparten la "preocupación" planteada, "priorizar por arraigo no es lo mismo que excluir por nacionalidad".
PP y Vox han rechazado otra declaración institucional, presentada por Compromís, que pedía "instar al Gobierno de España a la elaboración de un nuevo proyecto de Ley de Bases de Régimen Local que permita una segunda descentralización y a autorizar el uso de ahorros municipales para la compra masiva de vivienda".
