VALÈNCIA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado este miércoles que la multa de 8 millones que ha tenido que pagar la administración valenciana por dejar sin ejecutar los anteriores gobiernos del PP proyectos con subvención europea por un valor de 33 millones de euros "forma parte de esa mirada desleal del Gobierno de España", ya que "no es posible que a una comunidad que saben perfectamente la situación económica en la que está se le niegue el pan y la sal permanentemente".
En rueda de prensa, Puig ha señalado al ser preguntado por esta sanción que "es absolutamente lamentable" que en un momento de dificultad económica "se perdiera dinero para una cuestión que es prioritaria" como la educación, de la que depende "el futuro de un país", y en la que se estaban ejecutando "recortes importantísimos".
A su juicio, es "una muestra bien evidente de lo que es la gestión del PP durante estos años en la Comunitat Valenciana" y pone sobre la mesa que "desgraciadamente para todos nosotros hubo un enorme déficit de gestión" por parte de los 'populares'. "No solo no había recursos, sino que no se ejecutaban, no se gastaban e invertían en cuestiones tan fundamentales como la educación, lo que es aún más lamentable", ha insistido.
Sobre los intereses a pagar en forma de multa, ha indicado el jefe del Consell que "forma parte de esa mirada desleal del Gobierno de España" y ha asegurado no saber "qué pretende, de verdad, en qué situación quiere situar al Gobierno de la Generalitat y a los valencianos".
"No alcanzo a ver cuál es la visión que se tiene, porque lo que se está pretendiendo es, de alguna manera, intentar confrontar más con la Comunitat Valenciana cuando somos una comunidad que quiere dialogar y resolver problemas a través de la justicia y la igualdad de trato, nada más", ha aseverado.
Para Puig, tiene "mucho que ver" con el problema territorial español que "precisamente se pongan multas cuando gobiernan unos y no cuando gobiernan otros y que se actúe con esa displicencia y esa arbitrariedad", algo que según ha advertido, es "absolutamente negativo para el Estado de Derecho".
