Archivo - La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, en una imagen reciente. - COMPROMÍS - Archivo
VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha señalado este viernes, tras conocerse que un juzgado de la ciudad ha citado a declarar como investigado al edil de Vox en el consistorio Juanma Badenas a raíz de la denuncia que interpuso contra él el Sindicat d'Estudiants por "allanar" su sede, que "es indecente tener un gobierno plagado de investigados".
Robles, que ha aludido así al ejecutivo de la capital valenciana formado por PP y Vox y presidido por María José Catalá (PP), ha exigido de nuevo el "cese inmediato" de Badenas y ha lamentado que la primera edil necesite "personas indignas para mantenerse en el poder".
Desde Compromís han señalado que la también concejala de Vox en este ayuntamiento y miembro del gobierno municipal, Cecilia Herrero, "está procesada por el juzgado" por difundir mensajes de odio en redes sociales; y "Badenas investigado, mientras la Fiscalía Anticorrupción investiga a la alcaldesa y a otros cuatro concejales de su gobierno".
Esta coalición política ha manifestado que la actuación de Juanma Badenas en la sede del Síndicat d'Estudiants "confirma un patrón que ya se arrastraba desde hace meses" y "evidencia la falta absoluta de decencia del gobierno de Catalá".
"Esto se veía venir", ha asegurado Papi Robles, que ha agregado que la entrada del concejal de Vox en el local del citado sindicato es "toda una demostración de fascismo puro y duro, asaltando una sede de una entidad sin ningún permiso, forzando la cerradura y vanagloriándose de su acción".
Compromís ha subrayado que este edil "no puede continuar ni un minuto más en ninguna responsabilidad pública". "Evidentemente, no puede continuar ni un minuto más en el gobierno, pero Catalá no hará nada, como las otras veces", ha apuntado Robles, que ha atribuído "esta permisividad a un cálculo puramente aritmético" por la alcaldesa "necesita a personas indignas de un cargo público para mantenerse en el poder".
Desde Compromís han aseverado que "el asalto a la sede del Sindicat d'Estudiants no es un hecho aislado, sino el modelo político que Vox ha llevado al Ayuntamiento" de València: señalar a quien no piensa como ellos y usar las instituciones para intimidarlos".
"APLICA SU PROGRAMA"
"Badenas fue su portavoz y su candidato --de Vox, ha recordado Compromís-- y actuó con su discurso. El problema no es solo Badenas, es todo lo que Vox está sembrando", ha afirmado Papi Robles, que ha insistido en lamentado que Catalá gobierne "gracias a ellos" y mantenga "en el gobierno a quien aplica su programa". "Hoy ha sido un sindicato de estudiantes. La pregunta es quién será el siguiente", ha apostillado.
Robles ha comentado que este "no es, ni mucho menos, el único frente judicial que arrastra el concejal" Juanma Badenas, tras lo que ha expuesto que "en poco más de tres años" este edil "ha sido investigado tres veces: dos en el juzgado --una archivada por delitos de odio- y una por la Fiscalía Anticorrupción por el caso València Activa".
"Es un concejal que tiene más trabajo en los juzgados para ir a defenderse que en el Ayuntamiento, donde casi no tiene competencias", ha remarcado la portavoz de Compromís.
"Básicamente, Catalá lo mantiene a él y a Cecilia Herrero para mantener el poder. Les paga un sueldo público para su propio beneficio", ha insistido la edil. Desde Compromís han señalado que Herrero "se sentará en el banquillo de los acusados por una treintena de tuits racistas publicados entre 2020 y 2024, con petición fiscal de hasta tres años de prisión".
"INSOSTENIBLE"
Esta coalición política ha añadido que amplía "el foco más allá de Badenas y Herrero para situar al conjunto del gobierno de Catalá en una posición insostenible". "El gobierno de María José Catalá no se puede sostener con tres investigaciones formales de los juzgados y seis investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, incluida la alcaldesa en el llamado caso de enchufismo, que también tiene investigada y declarando en los juzgados a la presidenta del Puerto, Mar Chao", ha manifestado Papi Robles.
La portavoz ha aludido así a "la causa abierta el pasado abril por la presunta recolocación a dedo de personal del extinto Consorcio Valencia 2007, que afecta a la alcaldesa, las concejalas Rocío Gil (PP) y Paula Llobet (PP), el concejal José Marí Olano (PP) y la propia Chao". "Las declaraciones de los extrabajadores del Port apuntan a que las plazas se diseñaron a medida para determinadas personas, con la connivencia del gobierno de Catalá", ha señalado Robles.