VALENCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que instruye el caso Imelsa, ha dejado en libertad a los siete detenidos en el marco de la operación Taula que este miércoles han prestado declaración ante el magistrado, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
El juez mantiene, no obstante, la condición de investigados --nueva denominación para los imputados-- para todos ellos por delitos de cohecho, malversación, blanqueo y tráfico influencias. A cuatro de ellos les ha impuesto fianza para asegurar la responsabilidad civil en caso de condena.
Entre los arrestados en esta operación, este miércoles han prestado declaración ante el juez el ex secretario autonómico de Deportes y ex diputado en las Corts David Serra; la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María del Carmen García Fuster, y el exgerente de la Fundació Jaume II El Just, Vicente Burgos, exmarido de María José Alcón, a quien el magistrado dejó este martes en libertad bajo fianza de 150.000 euros y le impuso el embargo de sus bienes como medida cautelar.
En el caso de María del Carmen García Fuster el juez ha decretado su puesta en libertad en contra del criterio de la Fiscalía, que pedía su ingreso en prisión.
Ante una gran expectación mediática, a las 18.44 horas han llegado a la Ciudad de la Justicia de Valencia un total de siete coches de la Guardia Civil, en los que viajaban siete de los detenidos, en la parte trasera y agachados. Los arrestados han pasado a disposición judicial a las 19.30.
Además de Serra, García Fuster y Vicente Burgos, se encuentran también en las instalaciones de la Ciudad de la Justicia dos arquitectos, el exasesor del Ayuntamiento de Valencia Pedro Aracil y un empresario y ex suegro del ex gerente de Imelsa, Marcos Benavent, también investigado en la causa.
El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha reanudado así la declaración de los detenidos en la operación desarrollada contra una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunitat Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.
Por cuestiones de organización de todos los intervinientes en esta operación, el juzgado tomará declaración a las 23 personas que permanecen detenidas a medida que los agentes de la UCO de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción concluyan las diligencias que están practicando.
