Síndic de Comptes alerta del incremento del endeudamiento y de previsiones de ingresos "no ajustadas a la realidad"

VALÈNCIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El síndic major de Comptes, Vicent Cucarella, ha alertado del incremento del endeudamiento de la Administración de la Generalitat en los últimos años, ha señalado entre sus causas la inclusión de previsiones de ingresos "no ajustadas a la realidad" y ha considerado que se debería incluir en los presupuestos iniciales "únicamente las realistas" que de manera "razonable" se espera obtener de las transferencias por parte del Estado.

Así lo ha expuesto en su comparecencia este viernes en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts, en la que ha presentado una serie de informes, entre ellos el de fiscalización de la cuenta general de la Generalitat del ejercicio 2024, el de las universidades públicas o el de las entidades locales.

Entre las conclusiones de la auditoría de cumplimiento de legalidad, el síndic alerta también de sobrecostes por el devengo de intereses e indemnizaciones por la demora en el pago --se han registrado gastos por 32,5 millones de euros de intereses y 10 millones de indemnizaciones por costes de cobro-- y de que más del 78 por ciento del millón de facturas revisadas supera el plazo legal. También apunta al "elevado tiempo medio de tramitación" en las devoluciones de ingresos indebidos, que se sitúa en 178, lo que supone una "debilidad significativa" de gestión y control.

Otras cuestiones significativas son las "deficiencias" identificadas en controles relacionados con NEFIS y pide que sean "prontamente enmendadas". Y avisa de que quedan informes pendientes de aprobar por la "falta de medios personales".

La Sindicatura también advierte de que persiste la situación de "grave desequilibrio economicopatrimonial, financiero y de liquidez", que "empeora" en 2024, y de que los ingresos por el sistema de financiación autonómica resultan "inferiores a los que corresponderían a uno equitativo".

Además, señala que la financiación estatal de las ayudas a la dependencia "no consigue el 50% previsto", apunta a la falta de compensación de los gastos sanitarios de desplazados y considera "urgente" la modificación de estos sistemas.

DEUDA FINANCIERA Y DANA

Respecto a la deuda financiera a 31 de diciembre de 2024, asciende a 63.176 millones, de los cuales 54.562 (86,4%) corresponden a las operaciones de crédito formalizadas con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con cargo al Fondo de Financiación de las CCAA.

Sobre la dana del 29 de octubre de 2024, la Sindicatura recoge en su informe que el Estado concedió un crédito extraordinario para actuaciones de la Generalitat en respuesta a la riada, complementado por otro en marzo de 2025, pero recuerda que estas aportaciones estatales "tienen que ser devueltas por la Generalitat".

En cuanto al canon de saneamiento, mantiene que tendrían que revisarse las competencias de gestión tributaria, liquidación, recaudación y contabilización atribuidas a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) y su posible asignación a la Agencia Tributaria Valenciana.

CONTRATACIÓN

En materia de legalidad en contratación, la Sindicatura señala que en la mayor parte de los expedientes revisados las condiciones especiales de ejecución, los criterios de adjudicación y la adscripción de medios "presentan incidencias", que no todas las consellerias han publicado su plan de contratación mediante anuncio de información previa o que la mayor parte de ellas "no disponen de procedimiento formal para detectar los posibles conflictos de intereses del personal que participa en la licitación".

Asimismo, sostiene que los medios personales "no tienen estabilidad en su lugar y son insuficientes" o no tienen "la formación necesaria para llevar a cabo correctamente la actividad contractual". Mientras, en cuanto a los contratos de emergencia, constata que no se han publicado las memorias justificativas del procedimiento o las modificaciones producidas en la ejecución.

Respecto a contratos no menores, se ha detectado en algunos casos que no se determina "con precisión" la naturaleza y extensión de las necesidades, que el objeto no está "adecuadamente determinado", que no contienen un precio cierto, que no se justifica "adecuadamente" la elección de los criterios de adjudicación, que no se cumplen los requisitos para la tramitación de urgencia o que no está "adecuadamente justificado" que el presupuesto base de licitación se haya determinado con arreglo a los precios de mercado.

SUBVENCIONES, TEMPORALIDAD Y SANIDAD

Paralelamente, en cuanto a la fiscalización de subvenciones y ayudas, resalta que una de las líneas de subvención revisadas ha incorporado herramientas de IA sobre una parte del procedimiento de gestión, que lo han hecho "más eficiente", pero la implantación "no se ha realizado de manera adecuada" porque "no se han efectuado análisis de riesgos ni se han formalizado los contratos que regulan la prestación y garanticen los controles necesarios".

La Sindicatura también avisa del "excesivo" nivel medio de temporalidad de la ocupación pública en Administración de la Generalitat (51,1%), sobre todo en Sanidad (72,4%). Los índices en Educación (30,9) o Justicia (35,1%) son menores, pero "muy lejos" del objetivo del 8% fijado en la normativa.

Precisamente, en Sanidad, constata la "reiterada insuficiencia presupuestaria de gasto en determinadas áreas", principalmente en compras sanitarias y prestaciones farmacéuticas, y en ayudas a la dependencia. También señala que la Conselleria ha asumido el coste de los tratamientos facturados por la Fundación IVO de varios pacientes asignados a las concesionarias y considera que se debe tramitar un nuevo acuerdo o "el instrumento jurídico que se considere conveniente que recoja las condiciones necesarias para la adecuada ejecución".

También menciona las advertencias de la comunidad científica sobre el cambio climático y la escasez de recursos básicos, puesto que las instituciones de control externo no pueden "quedar al margen de estos nuevos desafíos para el sector público".

GRUPOS

Respecto a las intervenciones de los grupos, Mª Carmen Contelles (PP) ha rechazado "entrar en el 'y tú más'" con la oposición y ha destacado que el síndic de Comptes "dice claramente que en general se cumplen los principios contables" en la Generalitat, pero hay que "seguir mejorando". Ademas, ha afeado al PSPV y Compromís que no hablen de la infrafinanciación que sufre la Comunitat por parte del Gobierno, situación que hace necesario "recurrir al endeudamiento".

Desde Vox, Teresa Ramírez ha acusado al síndic de "aferrarse al cargo" y no dimitir --"si fuera por la actual mayoría, a lo mejor no estaría aquí"-- y de "ocultar o guardar silencio" sobre datos que revelan el impacto de la inmigración "ilegal y desordenada" en ámbitos como la vivienda o la sanidad, y ha llamado a "acabar con esa barbarie" de la que ha deslizado que Cucarella sería "cómplice".

Por el contrario, José Díaz (PSPV) ha advertido del incremento del 63% respecto a 2022 --último año completo del Botànic-- de los expedientes de enriquecimiento injusto por parte de los "grandes gestores del mundo mundial", en alusión al Consell del PP, todo ello "mientras la Generalitat recibe más dinero que nunca" del Gobierno.

Y Aitana Mas (Compromís) ha replicado a Vox que sus afirmaciones dejan "mucho que desear" por su demostración de "demagogia y populismo barato" y ha defendido el "ejercicio de responsabilidad" del síndic, "manteniendo a flote" la fiscalización a la Generalitat, que fue "un caos absoluto" en 2024 antes de la dana.

En su réplica, Vicent Cucarella ha contestado a Vox que, si dimitiera ya mismo, la institución sufriría un "colapso" y quedaría "parada". "A no ser que eso es lo que quieran, que no exista. Pero hace su trabajo y creo que lo hace muy bien", ha defendido.