Archivo - Un trabajador sanitario extrae sangre de una paciente para realizar el test ELISA en una imagen de archivo - Josefina Blanco - Europa Press - Archivo
VALNCIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
La sindicatura de Greuges ha instado al Ayuntamiento de Cocentaina (Alicante) a asumir el coste de las pruebas sanguíneas de detección de coronavirus a las que obligó a someterse a los usuarios de un centro de día de gestión municipal para reingresar pese a que no están incluidas en los protocolos de la Conselleria de Sanidad.
La resolución surge a raíz de una queja de una usuaria del Centre de Respir de la población, que atiende a personas con Alzheimer y otras demencias y de gestión municipal por obligar a realizarse una prueba sanguínea --test Elisa-- para acreditar que no estaban infectados por el coronavirus antes de su reingreso en septiembre.
Sin embargo, señalaba que esta prueba no estaba incluida en los protocolos aprobados por la Generalitat y que no procedía que los usuarios tuvieran que abonar el coste de la prueba en un laboratorio privado como tuvieron que hacer.
El Ayuntamiento argumentó que la prueba era obligatoria porque "se consideró que era "la mejor opción para todos, tanto usuarios como de trabajadores". Al respecto, admite que no existía ningún protocolo o reglamento de la Generalitat que diera cobertura a esta medida, pero que el Ayuntamiento "se basó en el interés superior de la protección de la ciudadanía ante un virus que podía provocar incluso la muerte" y "más todavía cuando la población a la que había que proteger era de especial vulnerabilidad por su edad y condición física".
"La fundamentación última para adoptar esta medida va ser extremar las precauciones para salvaguardar el derecho a la vida de nuestros mayores", justifica el consistorio en el informe de respuesta al síndic. En ese sentido, justifica: "Evidentemente, no existe una obligación legal de sometimiento previo a la práctica de la prueba médica, pero en este caso entendimos que prevalía la protección de la salud comunitaria e incluso el derecho a la vida".
Sin embargo, la promotora de la queja replica que el coste debería haber sido asumido por el Ayuntamiento por ser quien obligaba a someterse a esta prueba para acceder a un recurso público cuando además no estaba incluida en los protocolos de la Conselleria de Sanidad. Además, señala que no se entiende por qué no se realizó una PCR en el centro de salud a los usuarios. Por ello, pidió una disculpa a la administración municipal y que asumiera el coste.
EFECTIVIDAD RELATIVA
Por su parte, el síndic considera que al tratarse de un centro de día, un recurso que no admite aislamiento en su funcionamiento diario, la efectividad de las pruebas de detección de la covid son muy "relativas" porque "cada día los usuarios vuelven a sus casas y regresan al día siguiente al centro habiendo estado en contacto con su familia".
De hecho, recuerda que la Conselleria de Sanitat exigía pruebas de detección en los reingresos a les residencias pero no los indicó para los centros de día y "si se pidieron fueron PCR y no la obligada en este caso, el test Elisa".
Sin embargo, pese a no haber una obligación legal de esta prueba, las personas que no se la realizaban no podían acceder a un recurso público al que tenían derecho, forzando así a realizarse este test". Por todo ello, sugiere al Ayuntamiento a que asma el coste de las pruebas.