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VALNCIA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Síndic de Greuges ha recomendado a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública que realice un "esfuerzo organizativo y presupuestario" que permita disponer en la Comunitat Valenciana de unos servicios en tratamientos de reproducción asistida "dignos, suficientes y adecuados a la demanda" existente, especialmente en la provincia de Castellón, que carece de unidades específicas y también en aquellas que están "más saturadas", al tiempo que garantice la igualdad y la no exclusión en el acceso a estas técnicas.
Esta es una de la conclusiones de una investigación llevada a cabo de oficio por el defensor del pueblo valenciano tras las "numerosas quejas" recibidas en la institución por la demora en el acceso a las técnicas de reproducción asistida en el ámbito sanitario público
valenciano y que se han incrementado "notoriamente" en los últimos años.
El Síndic, Ángel Luna, resalta en su resolución, consultada por Europa Press, que las personas que se han dirigido a la Sindicatura les han trasladado su "angustiosa experiencia" y le solicitan que intervenga para que Sanidad "sea capaz de dar respuesta en el menor
tiempo posible al manejo y tratamiento de estas situaciones que, de por sí, presentan connotaciones muy especiales, ya que el acceso a este tipo de tratamientos para cada pareja o mujer representa la posibilidad de tener descendencia en el contexto de un proyecto vital".
En este sentido, el Síndic recalca que el factor del tiempo puede suponer "una merma, e incluso la exclusión, del propio derecho de acceso a la prestación de diagnóstico y tratamiento de la infertilidad, hasta el punto de que, en circunstancias análogas, el
momento de acceder a la misma puede suponer el poder gozar de tal derecho, lo que podría equipararse a una desatención desde la perspectiva del derecho a la protección de la salud que promulga el texto constitucional".
Según la información proporcionada por Sanidad, la red pública de la Comunitat Valenciana cuenta con cuatro Unidades de Reproducción Asistida --Clínico, La Fe y el General de Valncia-- y el General de Alicante, y ninguna en Castellón donde las pacientes son derivadas al Clínico. En cuanto a la demora, según Sanidad, para acceder a la primera consulta se sitúa en seis meses; para técnicas básicas (inseminación artificial (IA) y la preservación de fertilidad) no existe lista de espera y para técnicas complejas o avanzadas como ciclos FIV/ICSI (Fecundación in vitro/Inyección intracitoplasmática de espermatozoides) es de un año.
Al respecto, el síndic considera que si bien los recursos asistenciales hoy en día en España y la Comunitat Valenciana son de "un alto nivel y ofrecen una buena calidad asistencial a los pacientes, equiparable al resto de los países de nuestro entorno, es
imprescindible abordar con urgencia el déficit de recursos públicos".
REDUCCIÓN DE TRATAMIENTOS
Además, añade que, según la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), con datos de 2020, se han reducido en un 20% tratamientos de fecundación in vitro y de inseminación artificial desde 2019 a hoy, lo que supone un importante número de parejas y familias que, o no pudieron iniciar su tratamiento o tuvieron que detenerlo y retomarlo
después, con las consecuencias que añade el paso del tiempo en pacientes de edad avanzada.
El síndic valora algunas medidas señaladas por la administración --como la creación de nuevas unidades de referencia para la realización de Fecundación In Vitro, introducción de la técnica FIV en la Unidad de Castellón y el incremento de recursos humanos con perfiles específicos en la materia-- pero considera que la acción "debe estar dirigida a contar con medidas preventivas, prestaciones y servicios necesarios para toda la población y sin discriminaciones territoriales".
En cuanto a la demora, señala que las quejas recibidas apuntan a más de 24 meses y concluye que en todo caso son "importantes" y por encima de las indicadas por la Administración tanto en el acceso a la primera consulta, como a las técnicas complejas o avanzadas. En este apartado, subraya que estas demoras hacen que las pacientes afectadas "vean obstaculizado el acceso efectivo a las prestaciones, con la carga de soportar un importante desfase entre el diagnóstico y el probable tratamiento de infertilidad".
La institución hace hincapié en que el transcurso del tiempo en la lista de espera "lleva en muchos casos a que las usuarias que figuran
en la misma cumplan la edad establecida como límite para someterse a los tratamientos (criterio cronológico), lo que supone su automática exclusión".
PROTECCIÓN INTEGRAL A LA SALUD
Por ello, la entidad recomienda a Sanidad que extreme "al máximo" la diligencia en las actuaciones de los centros sanitarios, "en pro de garantizar una protección integral de la salud mediante la adopción de las medidas y acciones organizativas oportunas, haciendo cumplir, así, con los principios de eficacia y celeridad en relación con la gestión de las demoras en la atención y en la periodicidad de las consultas en el ámbito de la reproducción asistida".
Dado que la paralización de la actividad sanitaria ha tenido un agravamiento en la lista de espera de los pacientes no diagnosticados de covid-19, solicita que implemente "las acciones o medidas de refuerzo de plantilla que sean necesarias en la estructura y organización del trabajo", entre ellas, el dotarse de la suficiente disponibilidad de profesionales sanitarios especializados.
Igualmente, reclama a la Conselleria aplicarse "no solo en agilizar al máximo los diversos procesos que intervienen en los TRHA, sino también a esforzarse en una mejor y mayor coordinación de servicios, unidades y responsables de los mismos para acortar tiempos de espera y resolver expedientes, en aquellas cuestiones que es evidente que no requieren de más de un año" y que facilite a la paciente-ciudadana sometida a una demora en la atención (primera visita y las visitas entre consulta y consulta y periodo o proceso de tratamientos) la información y explicaciones adecuadas de su situación, así como las posibles opciones.
"Las pacientes deben ser informadas con claridad, precisión y celeridad, evitando así procesos burocráticos largos, emocionalmente complejos y que conllevan, en muchos casos, perjuicios no solo de salud sino como se desprende, de la mayoría de las quejas tramitadas, también socioeconómicos", apunta el defensor del pueblo.