Actualizado 20/09/2009 21:17 CET

El Síndic recomienda a Bienestar Social resolver en un máximo de seis meses las solicitudes sobre discapacidad

VALENCIA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbí, recomienda a la Conselleria de Bienestar Social resolver "en el menor tiempo posible" y, en todo caso, en un plazo máximo de seis meses, las solicitudes que se presentan en la Comunitat Valenciana sobre discapacidad. Asimismo, le insta a extremar las medidas tendentes a evitar "dilaciones" en este tipo de procedimientos, según consta en el escrito consultado por Europa Press.

La institución hace esta recomendación, con fecha 9 de septiembre, tras la queja presentada por una persona que no ha recibido respuesta a su solicitud sobre la calificación del grado de discapacidad después de casi un año.

El Síndic señala que la falta de cumplimiento de los plazos para resolver expedientes conlleva "la inobservancia de la normativa aplicable" al respecto. Así, destaca que se vulnera la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que determina que el plazo máximo en el que debe notificarse por la administración la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.

Al respecto, explica que la Orden de la Conselleria de Bienestar Social por la que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad en el ámbito de la Comunitat Valenciana indica que el plazo máximo para la resolución del procedimiento para revisión del grado de discapacidad es de seis meses, a partir de la fecha del acuerdo de iniciación comunicado al interesado.

No obstante, el Defensor del Pueblo valenciano añade que teniendo en cuenta el "principio de eficacia" del que habla la Constitución Española, los plazos "deben reducirse al máximo", ya que las administraciones públicas "se rigen, en su actuación, por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos".

Sobre este tema, el Síndic también recuerda que el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana señala que "todos los ciudadanos tienen derecho a que las administraciones públicas de la Generalitat traten sus asuntos de modo equitativo e imparcial y un plazo razonable".

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