Such asegura que en la Comunitat Valenciana más de 25.000 personas trabajan en la aplicación de la Ley

La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, aseguró hoy que la aplicación de la Ley de Dependencia "exige un alto contingente humanos y de recursos" y destacó que en la Comunitat Valenciana "hay más de 25.000 personas trabajando en empleos directamente relacionados con la aplicación de la Ley de Dependencia", según informó la Generalitat en un comunicado.

Such realizó estas declaraciones durante la clausura de la Jornada 'El Empleo y la Dependencia' organizada por la Asociación Empresarial de Servicios a Personas en Situación de dependencia de la Comunitat Valenciana (Aerte) celebrada hoy en Valencia.

En su intervención, la consellera indicó que sólo durante este año y "gracias a una inversión pública de la Generalitat superior a los 400 millones de euros, se han generado 8.700 nuevos puestos de trabajo a tiempo completo relacionados con el cuidado de personas dependientes". Así, subrayó que "más allá de la importantísima vertiente asistencial, la Ley de la Dependencia tiene una incuestionable relevancia económica y social en cuanto a su potencial generador de empleo".

Asimismo, Such explicó que el desarrollo de esta normativa "ha generado nuevos yacimientos de empleo entre el personal dedicado a la atención o cuidados personales, a la hostelería en residencias o centros de día, al mantenimiento de los centros, y o el personal especializado, como son médicos, psicólogos, trabajadores sociales, y personal de gestión y administración de centros y programas".

De este modo, la consellera hizo hincapié en los factores positivos sobre el empleo que se generan en la medida en que se trata de un trabajo "estable, con vocación de continuidad, con calidad creciente, mayoritariamente femenino, y con unas buenas perspectivas tanto económicas como de estabilidad laboral". Del mismo modo, resaltó que el sector asistencial es "el primer sector en cuanto a crecimiento de empleo, tanto a en el ámbito nacional como en la Comunitat Valenciana".

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia contempla entre sus prestaciones las destinadas a atender las necesidades de las personas con dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida diaria. La prestación económica para ser atendidos por cuidadores no profesionales exige que se den condiciones adecuadas de convivencia y habitabilidad de la vivienda y que se establezca en el Programa Individual de Atención (PIA).

Esta prestación es de carácter nominativo y la recibe la persona en situación de dependencia para los gastos derivados de su atención. El cuidador no profesional que le atienda deberá cumplir las condiciones de afiliación, alta y cotización a la Seguridad Social.

Por ello, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales reguló un convenio especial para la inclusión en la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia. En el caso de la Comunitat Valenciana, el 50 por ciento de todos los cuidadores no profesionales de personas dependientes que reciben este tipo de prestación, están dados de alta en la Seguridad Social a través de este convenio especial desarrollado por el Ministerio, una cifra que "supera a la mayoría de otras autonomías", destacaron desde la Generalitat.

"GENERALIZACIÓN" DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA

Por su parte, el responsable del Área de Negociación Colectiva de la Federación de Sanidad y sectores sociosanitarios de CCOO, Luís Álvarez Agudo, criticó en su intervención en la jornada organizada por Aerte la "generalización" de la prestación económica y el "abuso" de la figura del cuidador informal para atender a las personas dependientes, según informó el sindicato en un comunicado. En este sentido, defendió que la ley contempla esta figura "sólo en casos excepcionales".

Sin embargo, Álvarez Agudo indicó que, a pesar de que la ley lo establezca como "excepcional", este es el tipo de atención que predomina. La explicación, para el responsable CCOO, es que "resulta mucho más barato dar unas prestaciones económicas al ciudadano que dedicar los recursos necesarios para la construcción de infraestructuras y la profesionalización del sector".

Uno de los principales efectos de que el cuidado se deje en manos del cuidador informal es que "no se profesionaliza el sector, no se invierte en la formación del cuidador experimentado y no se genera empleo". "Todo aspectos negativos tanto para el servicio, que pierde calidad, como para el usuario, que pierde limita su derecho", manifestó el responsable de CCOO-PV.