VALENCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat, a través de la conselleria de Territorio y Vivienda, asumió hoy en régimen exclusivo las competencias en materia urbanística del Ayuntamiento de la localidad alicantina de Catral (PSPV) "ante los tres millones de metros cuadrados de edificaciones ilegales en suelo no urbanizable y en suelo de especial protección, que se hayan construidos en el Parque Natural del Fondo d'Elx".
Así lo anunció hoy el conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, en rueda de prensa en la que apuntó que la retirada de competencias urbanísticas por parte de la Generalitat a un ayuntamiento "no tiene ningún precedente en la Comunitat Valenciana, y el único que existe es el realizado por la Junta de Andalucía en el Ayuntamiento de Marbella".
Según los datos facilitados por González Pons, en el año 2002 existía una ocupación ilegal del suelo de 753.199 metros cuadrados, de los cuales 713.535 metros cuadrados estaban en suelo no urbanizable y 39.664 metros cuadrados en suelo protegido del Parque Natural.
En la actualidad, y según el conseller, "la ocupación ilegal" de suelo en el municipio de Catral alcanza los tres millones de metros cuadrados --el equivalente a un campo de fútbol de 30 kilómetros de largo--. De ellos, 2.697.846 metros cuadrados corresponden a la construcción en suelo no urbanizable (lo que supone un incremento del 378 por cien) y 270.152 metros cuadrados en el suelo del Parque Natural (un incremento del 681 por cien con respecto a 2002).
Respecto al número de viviendas, el conseller señaló que en 2002 existían 358 viviendas ilegales en esta localidad alicantina, cifra que ha aumentado hasta las 1270 viviendas ilegales en la actualidad --un incremento del 355 por cien--, aunque según destacó González Pons "son cifras realizadas por la conselleria a la baja ya que el ayuntamiento no tiene un cálculo exacto de la ocupación ilegal, por lo que lo más seguro es que el número de viviendas y metros cuadrados construidos sea mucho mayor".
El conseller de Territorio calificó la situación "de infección parasitaria de viviendas ilegales, por lo que era mejor realizar una operación quirúrgica que no una posterior autopsia del municipio de Catral".
Asimismo, señaló que "siendo conscientes de que el crecimiento desordenado e invasivo se puede llegar a convertir en un cáncer en la corteza terrestre de la zona, hemos decidido actuar y actuaremos en cualquier municipio valenciano sea del color político que sea, --advirtió-- por lo que no se puede calificar a la Generalitat de electoralismo por cumplir su papel".
Así, explicó que el director territorial de la conselleria en Alicante, en colaboración con la Policía Autonómica, se personó hoy directamente en las dependencias municipales de Catral para anunciar la resolución adoptada por la Secretaría Autonómica de la Conselleria de Territorio por el artículo 60 de la Ley de Bases de Régimen Local.
A este respecto, aseguró que "se efectuarán las comprobaciones oportunas a fin de determinar la legalidad de las construcciones y se remitirá al Ministerio Fiscal la documentación de que se dispone, más la que se incorpore al expediente, para determinar la posible existencia de delitos contra la ordenación del territorio".
Además, incidió en que la conselleria ha requerido al Ayuntamiento de Catral que, en el plazo de un mes, el consistorio presente una propuesta de documento "realista" de concierto previo del Plan General que reconozca "la totalidad del número de construcciones ilegales y solucione el daño ecológico causado".
"EXIGENCIAS"
"Si en el plazo de un mes --manifestó-- el concierto no es presentado o no satisface las exigencias de la Conselleria, la Generalitat asumirá las competencias de planeamiento urbanístico para el término municipal y solicitará al Gobierno central que disuelva el Ayuntamiento y convoque nuevas elecciones municipales", aseguró González Pons.
Por otra parte, destacó que el problema "ya viene de antes, porque desde 2002, la conselleria viene peleando con el Ayuntamiento para atajar el problema" y añadió que en el año 2005, el Servicio Territorial solicitó al consistorio de Catral "una propuesta de concurso público para regularizar la situación, pero al ver que el consistorio ignoró el problema y no presentó una solución realista al problema, se ha decidido actuar".
Asimismo, durante su comparecencia ante los medios de comunicación, González Pons resaltó que el Ayuntamiento de Catral "ha dejado de percibir 40 millones de euros por ser construcciones ilegales, además de que se calcula que el beneficio neto de los constructores asciende a 80 millones de euros", según cifras de la conselleria.
Aseveró que estas construcciones ilegales en suelo no urbanizable han provocado un impacto ambiental "grave, ya que se ha contaminado el suelo con parcelaciones ilegales y se ha utilizado y degradado los recursos naturales y el agua de la zona".
Respecto al futuro de estas edificaciones, aseguró que su departamento "estudiará caso por caso cada una de las viviendas, y se intentarán regularizar cuando haya habido buena fe en la construcción y con instrumentos de planeamiento adecuados".
"DERRIBOS"
Aún así, indicó que "la mayoría de las viviendas en suelo no urbanizable y la totalidad de las situadas en el Parque Natural del Fondo d'Elx serán derribadas para realizar una reconstrucción ambiental que pueda solucionar en parte el gran daño ecológico que esta construcción ilegal ha provocado".
Asimismo, informó que la conselleria ha puesto a disposición de los afectados el teléfono 669819723 "ante la indefensión que han sufrido" e incidió en que "numerosos vecino, compradores de las viviendas y asociaciones de agricultores han venido denunciando la situación ante la Conselleria y el juzgado".
Por otro lado, subrayó que "espero que esta medida actúe de forma ejemplificante con otros ayuntamientos que puedan relajar el urbanismo y si vuelve a plantearse una situación así, no se mirará el color político":
A preguntas de los periodistas sobre la situación en la localidad alicantina de Orihuela, apuntó que "son problemáticas distintas, ya que en Orihuela no hay proliferación ilegal de viviendas" y añadió que "no hay municipio con tanta construcción ilegal como Catral". Aseveró que el problema en el Ayuntamiento socialista de Catral "es problema del secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, al igual que los son las construcciones en las localidades socialistas de Sueca o Estivella"