La asociación denuncia que en la provincia hay entre 8.000 y 10.000 afectados que invirtieron entre 200 y 300 millones en este producto
CASTELLÓN, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Unión de Consumidores Españoles (UCE) de Castellón ha presentado en nombre de cinco afectados una demanda de juicio ordinario contra al Banco CAM S.A.U. al considerar que ha llevado a cabo una comercialización de participaciones preferentes "agresiva" y "poco acorde a las buenas prácticas".
La asociación pide en la demanda la nulidad de los contratos por vicio en el consentimiento e incumplimiento contractual y que se devuelva a los afectados el dinero que invirtieron, en este caso, 60.000 euros, y, en el caso en que se hubieran cobrado rendimientos, que el ahorrador los devuelva, "es decir, que se vuelva al estado anterior a la contratación de estos productos", según ha señalado en rueda de prensa el asesor jurídico de la UCE, Enric Pallarés.
La UCE ha dado traslado de la demanda al fiscal jefe de Castellón para que decida si en los hechos puede haber indicios de algún tipo de delito y si tiene que iniciar algún tipo de acción.
Ésta es la primera de las demandas colectivas que va a presentar la UCE en la provincia de Castellón, donde calcula que existen entre 8.000 y 10.000 personas afectadas que invirtieron entre 200 y 300 millones de euros en participaciones preferentes en distintas entidades bancarias.
El secretario general de la UCE, Juan Carlos Insa, ha explicado que estas participaciones "que tienen un alto riesgo, por lo que cualquier adquisición de las mismas implica la necesidad de tener un grado de conocimiento financiero", en principio no deben dirigirse a clientes o consumidores que hacen operaciones mínimas".
SIN GARANTÍAS
"El problema fue cuando empezaron a venderse a personas que ni siquiera sabían exactamente lo que compraban, pues en la mayoría de los casos se trata de personas mayores, jubilados o pensionistas con un perfil conservador que querían un depósito a plazo fijo y se les vendieron las participaciones preferentes que no ofrecían garantías y con la incertidumbre que vivían gran parte de las entidades financieras que las comercializaban como la CAM o Bancaja", ha añadido Insa.
Además, ha criticado el hecho de que este producto bancario ofreciese la mayor rentabilidad, "cuando, en algunos casos, esta rentabilidad era menor que la que ofrece un depósito a plazo fijo".
Por su parte, Enric Pallarés ha destacado que antes de presentar la demanda la UCE ha estudiado el perfil del inversor al que se dirigieron estos productos de riesgo y ha determinado que a partir de 2009 se empezaron a comercializar "de forma agresiva" y "dirigidas a inversores con depósitos o plazos que habían ahorrado y que no eran la personas adecuadas para adquirir las participaciones, pues nunca habían invertido en renta variable".
Asimismo, ha denunciado que el cuestionario que rellenaron en el momento de la suscripción de las participaciones no coincidía en muchos casos con el perfil del inversor o estaba en blanco, "pero, sin embargo, en el cuestionario que hicieron en el momento de la conversión a las participaciones en acciones sí se reflejaba la verdad, es decir, que eran de un perfil conservador".
Según Pallarés, "la CAM comercializó participaciones preferentes el 17 de mayo de 2011, en un momento en que la entidad ya estaba en pérdidas, ya había solicitado al FROB que se le prestara una ayuda y a mes y medio de que fuera intervenida", por lo que "entendemos que no ha sido modélica la forma en que se comercializaron las participaciones preferentes ni al inversor al que se destinaron y, mucho menos, que la información facilitada en el momento de suscribir fuera la adecuada".
ACREDITAR DIVERSOS ASPECTOS
El asesor jurídico de la UCE ha resaltado que para que aumente el porcentaje de probabilidades de que la demanda sea estimada sería "adecuado" que se pudiera acreditar en el procedimiento que el inversor nunca había invertido en productos de riesgo ni de renta variable, que su nivel de estudios y profesión no facilitaba que tuviera una cultura financiera, que la contratación de las participaciones se hiciera con posterioridad a la crisis, que el cuestionario no lo hubieran pasado o las respuestas no coincidan con el perfil del inversor y que no se haya hecho la conversión a acciones, "ya que es mucho mejor".
Además, Pallarés ha solicitado a los empleados de banca que comercializaron estos productos que si son llamados a juicio, digan toda la verdad sobre como se comercializaron, a qué inversor iban dirigidos, quién les dio instrucciones, si tenían que cumplir objetivos y cómo se confeccionaban los cuestionarios.
Al respecto, Insa ha afirmado que la UCE tiene "sospechas" de que "hubo órdenes de directivos para que se vendieran productos de estas características para obtener liquidez". "En el momento en que se suscriben estas participaciones se entra en un 'corralito' financiero de difícil salida", ha añadido.
Finalmente, Juan Carlos Insa ha indicado no entender "que no haya habido ninguna responsabilidad cuando se ha engañado a centenares de miles de personas con estos productos".
