UPyD denuncia que el CJC destina casi el 75% de sus recursos a consultas no vinculantes

VALENCIA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unión Progreso y Democracia (UPyD) en la Comunitat Valenciana ha denunciado que el Consell Jurídic Consultiu (CJC) destina el 73,88 por ciento de su gestión, recursos y horas de trabajo a resolver consultas no vinculantes.

UPyD ha explicado a Europa Press que la memoria de 2012 refleja una cantidad "ingente" de cuestiones relativas a la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas "que son libres de atenerse o no a los términos del informe de su técnico o a los emitidos por el CJC". De esta manera, ha asegurado, la propuesta de éste "puede ser desoída por la administración receptora del informe".

Fuentes jurídicas consultadas por la formación política, esta "desatención" viene motivada "por la mera discrepancia con el parecer del órgano dictaminante, a la precaria situación económica de las arcas públicas o al interés político, haciendo irrelevante, por lo tanto, la función desplegada por el CJC".

El coordinador territorial de UPyD, Romain Muzzati, considera que "la memoria del CJC demuestra la ineficacia de muchas de nuestras instituciones, la duplicidad de entes autonómicos y estatales y el despilfarro de recursos que dilapidan el presupuesto de las administraciones".

El partido plantea dos propuestas "por razones de eficiencia. Una, de orden funcional, que consiste en integrar estos organismos en el Consejo de Estado, dotándolos de "su razonable manifestación periférica para atender a las singularidades autonómicas y cumplir con los principios de descentralización y desconcentración", pero sobre todo "con el fin de cumplir con los principios de eficiencia y jerarquía, máximos exponentes de lo que necesita el Estado en estos momento, evitando la dispersión doctrinal o la sumisión política".

La segunda propuesta "es de orden competencial" y se basaría en remodelar el conjunto de sus competencias. Para ello, UPyD considera que "es preciso acometer la reforma de la organización de la Administración General del Estado y de la territorial dotándola de la oportuna cohesión, jerarquía, descentralización y desconcentración".

Además, entiende que "es necesaria una atribución precisa de competencias, eliminando duplicidades y obstáculos procedimentales", de manera que se consiga "aproximar al ciudadano a la función pública y dotar a esta de agilidad y reconocimiento".