La Ley del Cine llega al Congreso con el debate de enmiendas a la totalidad de PP y Vox tras años de retrasos

    MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá este jueves las dos enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox al proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual, una norma llamada a sustituir la legislación vigente desde 2007 y que el sector lleva años reclamando para adaptar el marco legal a la transformación experimentada por la industria audiovisual.

   El texto llega a la Cámara Baja tras una larga tramitación que se arrastra desde la pasada legislatura y que ha permanecido enquistada durante los últimos años por las dificultades parlamentarios. La norma ha 'sobrevivido' al adelanto electoral de 2023, al cambio de ministro al frente del departamento de Cultura y a las dificultades parlamentarias.

   La aprobación de una nueva Ley del Cine ha sido una de las principales reivindicaciones de la industria cinematográfica y audiovisual durante los últimos años, especialmente tras la aprobación de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que generó un fuerte rechazo entre parte del sector por la definición de productor independiente y el reparto de las obligaciones de financiación.

   Además, la reforma ha sido una de las promesas reiteradas del actual ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien ha defendido desde el inicio de la legislatura la necesidad de actualizar una norma que considera desfasada para responder a la realidad del audiovisual actual.

   El actual ministro aseguró el pasado año que la Ley del Cine se aprobaría antes de 2025, cosa que no ha terminado sucediendo. "Tengo el convencimiento de que este año vamos a tener ley del cine. Lo puedo decir, creo que las conversaciones con el conjunto de grupos avanzan bien. Estoy convencido de que así será", comentó en una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, hace más de un año y medio.

   En distintas comparecencias y entrevistas, el ministro ha insistido en que la ley es "imprescindible" para un sector cuya cadena de valor ha cambiado profundamente desde 2007, con el auge de las plataformas y las series, que la legislación vigente apenas contempla. De hecho, el proyecto hunde sus raíces en la etapa de Miquel Iceta al frente del Ministerio de Cultura.

   Ya en 2021 el entonces ministro Iceta anunció la reforma como uno de los grandes objetivos de la legislatura y fijó inicialmente finales de 2022 como horizonte para su aprobación.

   Ese año el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto, que incorporó por primera vez el concepto de "cultura audiovisual" al título de la ley y equiparó películas y series a la hora de acceder a determinadas ayudas públicas.

   Posteriormente, el proyecto fue remitido a las Cortes a finales de 2022, pero su tramitación quedó interrumpida por la disolución de las Cámaras tras la convocatoria anticipada de elecciones generales en mayo de 2023, cuando la norma ya había comenzado su recorrido parlamentario.

   Con el inicio de la nueva legislatura, el Ministerio de Cultura recuperó el proyecto, aunque su avance ha vuelto a verse condicionado por las dificultades parlamentarias.

   Durante los últimos meses, Urtasun ha reconocido en varias ocasiones las dificultades para sacar adelante la norma, si bien ha reiterado su confianza en lograr un acuerdo con los grupos parlamentarios. En las últimas semanas, el ministro ha intensificado la presión sobre el Partido Popular para que retire su enmienda a la totalidad y permita la tramitación del proyecto.

   El proyecto refuerza las ayudas y garantías para las películas en lenguas cooficiales y establece por ley la obligación de reservar el 35% de las ayudas a la producción a proyectos liderados por mujeres.

   Asimismo, rebaja del 25% al 20% la cuota mínima anual de pantalla en salas para cine español y europeo, e incorpora como novedad al cine latinoamericano y a las obras dirigidas por mujeres, que computarán el doble a efectos del cumplimiento de dicho porcentaje.

   Por otra parte, el texto obliga a las empresas a cumplir la cuota de empleo para personas con discapacidad cuando resulte de aplicación y excluye de las ayudas a las películas producidas por prestadoras de servicios de comunicación audiovisual, aquellas financiadas íntegramente por administraciones públicas, el contenido publicitario o de propaganda política, así como las obras calificadas como X.

   El debate de este jueves servirá para que el Congreso decida si rechaza las enmiendas a la totalidad registradas por PP y Vox y permite que el proyecto continúe su tramitación parlamentaria, o si, por el contrario, la norma vuelve a quedar bloqueada, prolongando un proceso legislativo que comenzó hace ya cinco años y que el propio sector considera prioritario para adecuar la legislación española a la realidad actual del audiovisual.