Cultura admite que se puede conseguir "más celeridad" en el cierre de webs

María Teresa Lizaranzu
EUROPA PRESS
Europa Press Cultura
Actualizado: martes, 10 marzo 2015 15:24

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Política e Industrias Culturales y del Libro, Teresa Lizaranzu, ha admitido que se puede conseguir "más celeridad" en los trabajos de la Comisión Segunda de Propiedad Intelectual y ha señalado que se espera reducir a 90 días la duración del trámite para cerrar páginas con contenidos ilegales, a diferencia de los 150 días de media de 2014, en referencia al tiempo que transcurre desde que se presenta la solicitud hasta que se resuelve.

Tal y como ha señalado este martes en declaraciones a Europa Press, tras la inauguración en Madrid de la jornada Financiación de las Industrias Culturales y Creativas, esta reducción se podrá conseguir gracias a los cambios que introduce la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, puesto que uno de los problemas era la identificación y comunicación del responsable de la página, algo que ahora se resuelve con la publicación en el BOE.

Sin embargo, estos 150 días contrastan con los 410 días de media que calculan los creadores, tal y como ha señalado este lunes la directora de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, Carlota Navarrete, durante la presentación de los datos del Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo referentes a 2014.

A pesar de este avance en la tramitación de las solicitudes que destaca Cultura, fuentes del Ministerio han indicado a Europa Press que desde la entrada en vigor de la reforma de la también conocida como Ley Lassalle el pasado 1 de enero, solo se han recibido tres solicitudes para el cierre de una página web, de la cual el departamento que dirige José Ignacio Wert no puede revelar detalles. Según aseguran, todas estas solicitudes ya se están tramitando. En conjunto, desde el inicio de la actividad contra piratería, en marzo de 2012, se han cerrado un total de 30 páginas.

En este sentido, Lizaranzu ha lamentado que no se hayan presentado más solicitudes desde la entrada en vigor de la norma y recalca que no pueden "actuar" desde la Comisión si no hay una "denuncia de parte". "Cuanto antes denuncien antes podemos empezar nuestros trabajos", ha destacado.

AUMENTO DEL ACCESO ILEGAL A CONTENIDOS

Precisamente, la diligencia en el cierre de webs es uno de los temas que se han criticado miembros del sector este martes durante la presentación de los datos de piratería, donde los ponentes han criticado la falta de "celeridad" para un problema, la piratería, que, según este informe, se traduce en un 60 por ciento de acceso ilegales a contenidos protegidos durante 2014.

En este sentido, Lizaranzu ha señalado que Cultura solo se pronuncia sobre datos del INE, puesto que este estudio son "estimaciones que no puede comentar". No obstante, ha señalado que lo que sí se puede conocer es el tráfico de visitas de páginas ilegales a través de la plataforma Alexa --proveedora de información de visitas--, un índice que muestra una "reducción del número de páginas piratas que tienen más visitas".

En cuanto a una posible rebaja del IVA cultural, la directora general de Política e Industrias Culturales y del Libro no ha querido añadir nada a lo manifestado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien este lunes señaló que "hoy no es posible", si bien no es algo que "descarte en el futuro".

Lizaranzu ha hecho estas declaraciones tras inaugurar la jornada Financiación de las Industrias Culturales y Creativas, organizada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Fundación Incyde, y que se ha celebradado en Medialab Prado Madrid.

Durante su intervención, al comienzo del acto, y en referencia a la Ley de Propiedad Intelectual, ha señalado que la norma intenta reducir la oferta ilegal en el ámbito digital, un entorno "muy dinámico" en el que, según ha indicado, "se están creando nuevas empresas" y donde se puede contar con "mecanismos que garanticen la reducción" de accesos ilegales.

Asimismo, ha hecho referencia a las medidas fiscales en vigor desde enero, que afectan tanto al cine como a las artes escénicas, así como a la ampliación del mecenazgo, que pretende "involucrar no solo a sociedad civil sino a empresas en la cultura".

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