MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los fabricantes de materiales de construcción solicitaron hoy ayuda al Gobierno ante la situación de "asfixia" económica que atraviesa el sector y el riesgo de tener que cerrar empresas y destruir unos 200.000 puestos de trabajo, el 40% del total del medio millón que actualmente emplea el sector.
Por el momento, la falta de liquidez está obligando a las empresas a plantearse dejar de suministrar a las obras aún en marcha, que de esta forma se paralizarán, según advirtió el presidente de la Confederación Nacional de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco), Rafael Fernández.
La situación es consecuencia directa del alargamiento de los plazos de pagos de las constructoras a sus proveedores que ha provocado la crisis. Este plazo actualmente supera los 230 días, frente a los 60 fijados por ley y los 180 que venían siendo habituales en el sector.
Según la patronal, este plazo se traduce en que el sector de materiales de construcción actualmente acumula facturas pendientes de cobro por un total 30.000 millones de euros, cuyo retraso redundará en pérdidas de hasta 2.800 millones.
Además, calcula que el descenso del 40% que, según su estimación, registrará el conjunto del sector de la construcción este año, se traducirá en una caída similar en sus ingresos, esto es unos 18.000 millones de euros.
"No se consigue cobrar de nadie, ni se obtiene financiación. Las constructoras no pagan y no se puede obtener financiación porque las pólizas de crédito y caución se han retirado", explicó el preside de Cepco. "De seguir así, las empresas se están planteando parar y dejar de suministrar", añadió.
En última instancia, en caso de que la situación persista y el próximo ejercicio la actividad constructora registre otra caída, la patronal considera que podrían estar en peligro un 5% de las 5.000 empresas del sector y que el empleo sufrirá un ajuste similar al de negocio, esto es, de un 40%.
APLAZAR PAGO DE IMPUESTOS.
Ante esta coyuntura, la patronal reivindica un acuerdo entre las administraciones públicas, las constructoras y los suministradores para establecer garantías sobre un determinado plazo de cobro razonable.
En tanto, reivindican al Gobierno medidas para garantizar la actividad de las empresas a corto plazo, como son permitir el pago del IVA en el momento en que se cobran la factura y no cuando se emiten, y aplazamientos en el Impuesto de Sociedades.
Además, piden que al Ejecutivo que garantice la traslación a las empresas de las ayudas dadas a la banca. "El Gobierno debería garantizar que la financiación que está inyectando a la banca tiene un a traslación en las empresas y las familias vía créditos", apuntó el presidente de Cepco.