Actualizado 30/09/2008 19:32 CET

Economía/PGE.- Corredor dice que la partida de Vivienda evidencia un compromiso "decisivo" por la política social

La ministra confía en que la rigidez del crédito hipotecario no suponga un obstáculo para el impulso de la VPO

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, afirmó hoy que el incremento del Presupuesto destinado a políticas de Vivienda para 2009, del 16,6%, pone claramente de manifiesto que el compromiso del Gobierno con las políticas sociales y de inversión para reactivar la actividad económica y proteger a los más necesitados es "decisivo".

"Con un aumento del 16,6% no puedo hablar de recorte presupuestario", señaló la titular de Vivienda en rueda de prensa tras reunirse en conferencia sectorial con las comunidades autónomas, después de que el ministro de Economía y Hacienda advirtiera de recortes en casi todas las 'carteras' del Gobierno.

En referencia a la reunión con las comunidades autónomas, a la que se ausentaron hasta 11 consejeros, Corredor se refirió a una de las preocupaciones compartidas por algunas de ellas sobre la posibilidad de que la rigidez del crédito hipotecario eche al traste todos los esfuerzos para la construcción de vivienda protegida (VPO).

En este punto, la ministra de Vivienda consideró que "la restricción de crédito real no tiene que afectar a la construcción de VPO, ya que hay una garantía de las administraciones públicas y tiene garantizada la demanda".

En este sentido, recordó que se han puesto a disposición de las entidades de crédito líneas de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por una "ingente" cantidad de dinero, en referencia a los 5.000 millones anuales para la financiación de VPO.

PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PLAN DE VIVIENDA 2009-2012.

Por otro lado, Corredor expuso los principales objetivos del Plan Estatal de Vivienda 2009-2012 --cuyo borrador fue debatido hoy con las comunidades--, que resumió en los principios de flexibilidad, coordinación, corresponsabilidad y simplificación.

Así, Corredor comenzó por la recomendación de que los esfuerzos económicos de los ciudadanos en el acceso a una VPO no superen "un tercio de sus ingresos". No obstante, avanzó que el Plan prevé que todos los tramos de renta puedan optar por el sistema de acceso a la vivienda que mejor se adapte a sus necesidades, ya que tanto el alquiler, como el alquiler con opción a compra o la compra estarán a disposición de los tres regímenes de protección (especial, general y de precio concertado).

Además, Vivienda ha optado por relacionar los ingresos de los demandantes con los diferentes tipos de VPO, tanto en venta, como en alquiler o alquiler con opción o compra. Asimismo, Corredor avanzó que está previsto que el comprador pueda elegir entre un tipo fijo y variable de cara a la financiación de las actuaciones amparadas por el Plan.

MÁS PROTAGONISMO PARA LOS AYUNTAMIENTOS.

En cualquier caso, señaló que "sería una buena idea" que las comunidades consultasen previamente a sus ayuntamientos a la hora de modificar los precios máximos de la VPO, antes de añadir que "el Ministerio de Vivienda se reserva la opinión última siempre previa consulta a los ayuntamientos".

Por otro lado, la titular de Vivienda precisó que las comunidades podrán decidir sobre la superficie máxima de estas viviendas, si bien el Gobierno sólo financiará los 90 primeros metros cuadrados. En el caso de la superficie mínima, también vendrá determinada por las comunidades, si bien en el caso de que éstas no fijen los límites de habilitabilidad (el número de personas que pueden ocupar cada vivienda su superficie) lo hará el Estado.

Asimismo, Corredor destacó el mantenimiento de las ayudas a inquilinos con ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM, compatibles ahora con el alojamiento en una vivienda protegida, así como las ayudas directas a la entrada a colectivos con ingresos inferiores a 4,5 veces el IPREM en lugar de 3,5 veces, como en el plan vigente.

Por otro lado, aseguró que se ofrecerán ayudas estatales a los demandantes de viviendas reforzando la figura del alquiler con opción a compra, "lo que permitirá aligerar la carga financiera de los promotores y la decisión sobre el modo de acceso a la vivienda a las familias".

MÁS CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA.

En cuanto a la intención de construir un parque público de viviendas, la Ministra de Vivienda dijo que se tratará de que la vivienda protegida se genere tanto a partir de la nueva promoción como mediante la reconversión del parque de suelo existente (a través de la recalificación de viviendas libres desocupadas o a través de la rehabilitación de viviendas existentes con la voluntad de calificarlas protegidas).

Por otro lado, Corredor apuntó que en sus disposiciones transitorias, el borrador del Plan prevé prorrogar al menos por un año la posibilidad de calificar viviendas libres terminadas o en construcción como viviendas protegidas de precio concertado.

REGISTROS DE DEMANDANTES.

Otro de los objetivos será establecer registros públicos de demandantes de viviendas de protección, que "son la forma más directa de conocer la demanda de vivienda para poner en marcha las políticas más adecuadas a las necesidades de cada CC.AA.", según Corredor. Estos registros ya figuraban en el anterior plan y se estableció un plazo de seis meses desde su publicación para constituirlas. A la vista de que algunas comunidades no han podido completar esta exigencia, se ha previsto ampliar el plazo un año más.

En este punto, uno de los que han suscitado las más duras críticas de las comunidades autónomas, Corredor y las comunidades autónomas han optado por reunirse con carácter "inmediato" para acordar su configuración.

Además, otro de los objetivos es que la vivienda protegida tenga un régimen jurídico de mantenimiento de la protección pública de larga duración. Así, en los casos de reserva obligatoria para VPO, ésta estará vinculada a la del suelo con un plazo no menor de 30 años.

Según dijo Corredor es una principio de "justicia" y "solidaridad", ya que estas viviendas están hechas con el esfuerzo de todos los españoles, pese a que las comunidades autónomas han criticado esta medida por suponer un ataque a la propiedad privada. Además, las viviendas protegidas en suelo público dotacional serán permanentes mientras dure la clasificación del suelo y en todo caso por un mínimo de 30 años.

Otro de los objetivos es reforzar la actividad de intervención y mejora en el parque construido especialmente en las áreas con mayor debilidad, además de una línea específica de actuación en núcleos rurales. Además, se han perfilado las áreas de renovación urbana, apenas detalladas en el plan vigente.

Corredor recalcó además la intención de su Ministerio de que todas las intervenciones tengan entre sus fines la mejora de la eficiencia energética y las condiciones de accesibilidad, por lo que se prevé primar con subvenciones directas las actuaciones que eleven la calificación energética por encima de los requisitos exigidos por el Código Técnico de la Edificación.

Por último, la titular de Vivienda avanzó su interés por que la atención a los ciudadanas sea pormenorizada a través de ventanillas de atención coordinadas con las comunidades autónomas. Por ello, el Plan prevé una línea de ayuda para la potenciación de este tipo de servicios.

De cara a la próxima reunión sectorial, prevista para el mes de noviembre, comunidades y Ministerio han acordado contar sobre la mesa con un documento articulado.