Los sindicatos confían en que el acuerdo permita frenar la destrucción de empleo y los promotores piden que la VPO sea rentable
MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), promotores públicos y privados y los sindicatos mayoritarios firmaron hoy una declaración para impulsar un Pacto Nacional por la Vivienda, encaminado a garantizar la actividad en la construcción, el mantenimiento del empleo y el acceso de los colectivos más desfavorecidos a una vivienda.
Los firmantes fueron el presidente de la FEMP, Pedro Castro, los secretarios generales de Fecoma-CC.OO., Fernando Serrano, y MCA-UGT, Manuel Fernández 'Lito', y los presidentes de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Guillermo Chicote, y de la Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), Francesc Villanueva.
Según precisó Castro tras el acto de firma, este acuerdo garantizará la construcción de 150.000 viviendas protegidas (VPO) en 2008, que podrían ampliarse hasta las 200.000. Esta oferta vendría a sumarse al promedio de 100.000 viviendas que se han venido construyendo en los últimos años, con lo que la oferta final podría situarse entre las 250.000 y las 300.000 viviendas protegidas.
El presidente de la FEMP, que aseguró que los principales ayuntamientos se han mostrado dispuestos a ceder suelo para la construcción de estas viviendas, precisó que el siguiente paso será incluir en el acuerdo al Ministerio de Vivienda, que se encargará de las subvenciones e incorporará al mismo a bancos y cajas, como entidades responsables de canalizar esta financiación.
Además, el presidente de la FEMP aseguró que la declaración firmada hoy es "algo más que siglas", ya que tendrá una aplicación efectiva. En este sentido, garantizó que se "sumará" el suelo público de todas las comunidades autónomas para, una vez observadas las necesidades de vivienda de cada una, proceder a decidir "cuántas (de estas 200.000 VPO) corresponderán" a cada región, estableciendo "cupos" para ello.
Asimismo, aseguró que las administraciones autonómicas contarán con instrumentos de fiscalización para realizar un seguimiento del proceso, de forma que se podrán ir introduciendo "elementos de corrección", en forma de decretos o por modificaciones legislativas, con el fin de cumplir con cada uno de los objetivos previstos.
"Nos hemos subido a un tren que se dirige a la solución del problema de la construcción", aseveró Castro antes de añadir que el acuerdo facilitará también una vía de acceso para los jóvenes, pero también para otros colectivos, como discapacitados o personas mayores que requieren de unas condiciones específicas en sus viviendas --ascensores, rampas, etc-- y que podrán permutar su vivienda por otra sin coste añadido.
LOS PROMOTORES PIDEN RENTABILIDAD.
Todos los firmantes coincidieron en la necesidad de alcanzar un pacto nacional en materia de vivienda e incluso consideraron que debería haberse alcanzado antes. Sin embargo, Chicote lanzó un aviso a navegantes: "Queremos hacer vivienda protegida, pero si su promoción no alcanza un mínimo umbral de rentabilidad, no la haremos".
Por ello, el presidente de APCE pidió la colaboración de todas las administraciones públicas para que se establezcan las "condiciones necesarias" para que los promotores se lancen a la construcción de VPO, empezando por que la Administración establezca un precio máximo de venta que compense "suficientemente" sus costes, entre los que, recordó, hay que incluir los derivados de la implantación del Código Técnico de la Edificación (CTE).
Además, tras criticar la "demagogia" desplegada en torno a la VPO desde la esfera política, Chicote pidió la colaboración de los firmantes para "forzar" a comunidades autónomas y ayuntamientos para que "se preocupen más por el tema de la vivienda" y "hablen menos y hagan más".
En último término, Chicote quiso concienciar de que "el problema es serio", ya que la reducción de las ventas de viviendas "es un hecho", mezclado, además, con una "crisis profunda" en el sector financiero, hasta el punto de que, según dijo, si no fuera por éste último factor el segmento residencial "no estaría tan mal como está", ya que dispondría de más liquidez.
Por su parte, el presidente de la AVS calificó la declaración de "acto loable" y también incidió en que la vivienda "deber ser tratada por las administraciones públicas como tiene que ser".
Además, tras acusar de "falta de sensibilidad" a los anteriores gobiernos en materia de VPO, llamó a recuperar espacios para relanzar esta modalidad y, en este sentido, elogió la reciente reforma del Plan Nacional de Vivienda (PEV), que camina en esta línea.
PARA LAS DESTRUCCIÓN DE EMPLEO EN LA CONSTRUCCIÓN.
Desde el ámbito sindical, 'Lito' mostró su confianza en el sector frente a los "agoreros", y aseguró que, a raíz del acuerdo firmado, "se solucionará el problema del empleo en la construcción". Con todo, aclaró, habrá que seguir trabajando en la lucha contra el empleo precario.
Además, consideró que en España "queda mucho por hacer" desde el punto de vista de las infraestructuras, por lo que los empleados en obra civil "no corren riesgo (de perder su trabajo) a corto y medio plazo".
Por último, el representante de UGT, advirtió de que el pacto alcanzado no debe ser una mera declaración de intenciones y debe ser puesto en marcha por comunidades y ayuntamientos. "Tenemos que concretar en cada sitio qué corresponde hacer y hacerlo", aseveró.
En la misma línea se expresó el portavoz de CC.OO., quien apuntó que las administraciones locales deben "materializar" estos compromisos y "arrimar el hombro" para lograr, junto al resto de los agentes implicados, que la "ralentización" que vive la construcción dure "lo menos posible" y se asegure un "ritmo normal" de iniciación.
Asimismo, hizo un llamamiento al Gobierno que resulte de las elecciones del 9 de marzo para que "se tome en serio los planes" en materia de rehabilitación de viviendas y cascos urbanos.
