Pide a Corredor que "haga valer" las competencias del Estado en la conferencia sectorial de mañana para fijar los ejes del nuevo Plan
MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -
CC.OO. propuso hoy al Gobierno elaborar un plan de rehabilitación de viviendas y edificios con criterios de eficiencia energética, a desarrollar en cuatro años (2009-2012) y con una dotación, entre inversión pública y privada, de 25.200 millones de euros.
Esta inversión permitiría la ejecución de 1,4 millones de proyectos para mejorar la eficiencia energética y facilitar el acceso de mayores y descapacitados a 1.260.000 viviendas y 140.000 edificios de sector terciario o industrial, y la creación de unos 350.000 puestos de trabajo de media al año (un trabajador al año por cada edificio o vivienda).
Este plan forma parte de las propuestas presentadas hoy por el sindicato de cara al debate sobre el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2009-2012, que arrancará mañana con la conferencia sectorial que reunirá a la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, y a los consejeros autonómicos del ramo.
De los 25.200 millones de euros de inversión, un tercio corresponderían a subvenciones directas --5.600 millones provenientes del Estado y 2.800 millones de las comunidades autónomas- y dos tercios a inversión privada, mediante financiación con algún tipo de garatía pública o a través créditos del ICO (16.800 millones), destinados a comunidades de propietarios y empresas.
"La rehabilitación de edificios públicos dispondrá de la correspondiente financiación vía presupuestos", puntualiza el sindicato en su propuesta.
El plan podría efecutarse de manera gradual a lo largo de 4 años, de forma que el Estado realizase el primer año una inversión de 800 millones de euros, de 1.200 millones en el segundo, el tercero de 1.600 millones y de 2.000 en el cuarto.
La inversión del Estado en el primer año (800 millones de euros) coincide con el presupuesto inicial del 'Plan Renove' que el Gobierno pretende presentar antes de que acabe el año para la rehabilitación energética de 500.000 viviendas y edificios, con la colaboración del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y el de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Del mismo modo, según precisó el adjunto del Departamento Confederal de Medio Ambiente del sindicato, Carlos Martínez, el plan cuatrienal debería ser coordinado, promovido y financiado por los Ministerios de Vivienda, Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, y el Ministerio de Industria. Si bien, las gestión de las ayudas y el control de ejecución de los proyectos correría a cargo de las comunidades autónomas.
EL ESTADO DEBE HACER VALER SUS COMPETENCIAS.
Esta búsqueda de la calidad y la ecoeficiencia, la mejora del acceso al derecho a la vivienda y el sostenimiento de la actividad económica y el empleo, son los tres principales objetivos que, según CC.OO., debería perseguir el Gobierno, "haciendo valer sus competencias" frente a las comunidades autónomas, en la conferencia sectorial de mañana.
Según afirmó la secretaria confederal de Política Social, Pura García, "el Estado no puede renunciar a ello" si quiere evitar las "actuaciones deslabazadas" resultantes del Plan aún en vigor. Por su parte, la ministra de Vivienda ya ha avanzado su intención de elaborar un Plan más simple, que amplíe el margen de maniobra de las comunidades para adaptar la normativa estatal a su realidad socieconómica.
Por ello, CC.OO. instó al Gobierno, con vistas al nuevo Plan, que se empiece por elaborar un estudio a nivel nacional para precisar el 'stock' de viviendas no utilizadas y de suelo público movilizable, para la construcción de VPO, y "poner en relación" esta oferta potencial con la estimación de demanda de vivienda a medio y largo plazo.
Asimismo, abogó por elevar la ratio de VPO en relación a la totalidad del parque de viviendas del actual 10% al 30%, limitando el incremento del precio de los módulos básicos y estableciendo porcentajes mínimos para cada tipología de vivienda protegida al objeto de que su construcción no se concentre sólo en las modalidades más caras.
Además, el sindicato apostó por establecer por ley o reglamento una reserva anual del 30% del suelo público destinado a VPO para su promoción mediante fórmulas de cooperativismo.
AYUDAS EN FUNCIÓN DE LA RENTA.
Por otro lado, CC.OO. instó al Gobierno a marcar como objetivo de las ayudas públicas que el esfuerzo salarial máximo para el acceso a una vivienda no sobrepase el 30%. Además, propuso alzanzar un equilibrio entre el gasto directo y las deducciones fiscales y destinar estas ayudas a la compra y el alquiler en la misma proporción.
En este punto, García puso énfasis en que las ayudas deben contar con una dotación proporcional a la renta de su beneficiario, en contra de las ayudas "lineales". Asimismo, criticó que las deducciones fiscales para la vivienda en propiedad benefician a las rentas más altas.
Otras de las propuestas de CC.OO. se refieren a las unificación a nivel nacional del concepto de habitabilidad mínima común y la necesidad de actuar legalmente contra actuaciones de especulación y acoso inmobiliario.
