Nogueras pide cambiar la política de vivienda y esperará al texto definitivo del decreto para fijar su posición

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha reclamado un cambio en la política de vivienda impulsada por el Gobierno al considerar que las medidas aplicadas hasta ahora han reducido la oferta de alquiler y elevado los precios, y ha evitado adelantar la posición de su formación sobre el real decreto que prepara el Ejecutivo hasta conocer el texto definitivo que apruebe el Consejo de Ministros.

En una entrevista en Al Rojo Vivo de La Sexta, Nogueras ha insistido en que la situación de la vivienda es "absolutamente insostenible" y ha sostenido que las políticas del Gobierno y sus socios "obviamente no funcionan", ya que, a su juicio, han provocado que "la oferta haya caído absolutamente en picado" mientras "los precios están más altos que nunca".

Asimismo, ha afirmado que esas medidas han perjudicado especialmente a los pequeños propietarios y ha asegurado que muchos están optando por vender sus inmuebles, lo que, según ha dicho, favorece que sean adquiridos por fondos de inversión.

Frente a ello, la dirigente de Junts ha defendido las iniciativas registradas por su partido para impulsar el acceso a la vivienda, entre las que ha citado desgravaciones fiscales para hipotecas, alquileres y cuentas de ahorro, además de inversiones destinadas a incrementar la oferta.

Nogueras también ha rechazado las medidas relacionadas con la ocupación ilegal de viviendas y ha criticado que el decreto incluya referencias al alquiler de habitaciones. "Vivir de alquiler toda la vida en una habitación no es dignidad, es precariedad", ha afirmado.

Preguntada por el sentido del voto de Junts sobre el real decreto, la portavoz ha evitado confirmar si su formación lo respaldará y ha insistido en que primero será necesario conocer el contenido definitivo de la norma. En ese sentido, ha señalado que su partido podría respaldar algunas medidas concretas, aunque ha rechazado dar apoyo a un decreto "ómnibus" que incluya políticas de vivienda con las que discrepa

LO CONSIDERAN INTERVENCIONISTA

Este miércoles, Junts per Catalunya avisó de que no apoyará en su estado actual el decreto ley de Sumar para prorrogar los alquileres hasta 2028 tras calificarla de medida "intervencionista" y considerar que "no respeta las competencias de Cataluña en materia de vivienda".

El partido ha afirmado que la crisis habitacional es "insostenible" y que los alquileres repuntaron en la ciudad de Barcelona durante el primer trimestre del año, así como el precio medio de los nuevos contratos.

Sin embargo, Junts ha advertido al Gobierno de coalición de que no votará en el Congreso de los Diputados a favor de la norma "si se mantienen las medidas que perpetúan las ocupaciones y no protegen ni a los inquilinos ni a los pequeños propietarios" o si no se atienden sus demandas.

"Las políticas intervencionistas del Gobierno español no solo no han logrado resolver el problema, sino que lo han agravado y lo han trasladado a municipios en los que el problema no era tan grave", ha sostenido la formación política en una nota de prensa.

Desde Junts han abogado por ejecutar "iniciativas concretas y equilibradas", como la desgravación fiscal de los alquileres para los inquilinos y de parte de la cuota hipotecaria para los pequeños tenedores; el restablecimiento de las cuentas de ahorro para la compra de vivienda; o fomentar la construcción de nuevas viviendas y sacar al mercado las ya existentes.

Asimismo, han pedido una mayor inversión pública en vivienda, el desbloqueo de la ley contra la okupación presentada por Junts hace dos años y que sea el Estado quien asuma el coste de las políticas sociales de vivienda dirigidas a personas vulnerables, y no los pequeños propietarios.

El borrador del decreto ley ya se ha trasladado a los grupos parlamentarios y se prevé que sea aprobado en la próxima reunión del Consejo de Ministros.

CRÍTICAS DESDE PODEMOS

Podemos también se ha pronunciado en contra del decreto ley de Sumar al considerar que la reforma de la Ley del Suelo es una "línea roja" que modifica el sistema de recursos contra los instrumentos de planeamiento urbanístico y el régimen de cancelación registral de los derechos de reversión sobre terrenos expropiados.

El partido 'morado' cree que esto implicaría legalizar proyectos urbanísticos ilegales con carácter retroactivo, así como reducir los controles sobre los futuros. También limitaría, según Podemos, la capacidad de la sociedad civil de denunciar irregularidades urbanísticas.