MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó hoy definitivamente el proyecto de Ley de mejora de protección de los consumidores y usuarios que prohíbe los redondeos en aparcamientos y telefonía, facilita las bajas de los servicios, obliga a las compañías aéreas a informar del precio final del billete y permite que el comprador de una vivienda no tenga que suscribir la misma hipoteca que tenía que el vendedor.
La ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, destacó durante el debate del Pleno que en la Ley se recoge que para darse de baja de un servicio se den las mismas condiciones que para darse de alta, que el consumidor tenga constancia de las quejas presentadas y que se le deberá asegurar una atención personal directa.
"Las empresas deberían saber que un buen servicio de atención al cliente ahorra muchas reclamaciones, trabajo para la propia empresa y utilización de recursos públicos que podrían emplearse en otros ámbitos", destacó la ministra.
De esta forma, la Ley pretende acabar con cláusulas abusivas para el consumidor y los obstáculos que existen a la hora de poner fin a un contrato. La Ley señala que el "el consumidor podrá ejercer su derecho a poner fin al contrato en la misma forma en que lo celebró".
Así, cuando un usuario quiera darse de baja de un servicio tendrá "las mismas" condiciones que cuando se dio de alta, "sin ningún tipo de sanción o de cargas onerosas o desproporcionadas, tales como la pérdida de las cantidades abonadas por adelantado, el abono de cantidades por servicios no prestados efectivamente, la ejecución unilateral de las cláusulas penales que se hubieran fijado contractualmente o la fijación de indemnizaciones que no se correspondan con los daños efectivamente causados".
Los aparcamientos deberán por su parte cobrar "el precio determinado en función del tiempo real de prestación del servicio", es decir, "el precio se pactará por minuto de estacionamiento, sin posibilidad de redondeos a unidades de tiempo no efectivamente consumidas o utilizadas", según establece la Ley. Así, el aparcamiento deberá entregar al usuario un justificante con expresión de día, hora y minuto de entrada, y en caso de que el conductor deje las llaves también deberá recoge el resguardo la identificación del vehículo con la matrícula o cualquier marcador.
TELEFONÍA
La Ley quiere dar "mayor claridad" en las modalidades de cálculo del precio de los contratos, "evitando la facturación de servicios no prestado efectivamente". De esta forma, en servicios como la telefonía, la ley establece que la factura del móvil sea computada por segundos.
Respecto a las compañías aéreas y servicios similares, el proyecto de Ley obliga a que se informe del "precio completo, incluidos impuestos, o presupuesto, en su caso". Así, en toda información al consumidor sobre el precio de los bienes y servicios, incluida la publicidad, se informará del precio final completo, desglosando, en su caso, el importe de los incrementos o descuentos que sean de aplicación, de los gastos que se repercutan al consumidor y usuario y de los gastos adicionales por servicios accesorios, financiación u otras condiciones de pago similares.
La oferta, promoción y publicidad falsa o engañosa de productos, actividades y servicios será perseguida y sancionada como fraude, según la norma.
VIVIENDA
En cuanto a la vivienda, el proyecto de Ley prohíbe que se trasladen los gastos que corresponden al vendedor como los impuestos en los que el sujeto pasivo es el vendedor o los gastos de conexiones a los suministros generales de la vivienda tales como el enganche del suministro de agua, gas, electricidad o el alcantarillado. También se prohíbe que la penalización al comprador en caso de que éste no subrogue la hipoteca que tenía el vendedor, y se establece así la libertad para elegir préstamo hipotecario.
La ministra de Sanidad y Consumo indicó que "la inversión que se realiza en la compra de la vivienda es la más elevada de las que se realiza a lo largo de la vida, y si a eso se añaden gastos que desconocemos o que se nos imponen sin correspondernos legalmente esta inversión se encarece indebidamente dificultándose el ejercicio que la Constitución reconoce".
Respecto al servicio de información y atención al cliente, el proyecto de Ley obligará a que haya "una atención personal directa, más allá de la posibilidad de utilizar complementariamente otros medios técnicos a su alcance".
Asimismo, la nueva norma establece que la información precontractual obligatoria se facilite al consumidor de forma gratuita, sin costes adicionales.
FONDO DE GARANTÍA DE BIENES TANGIBLES
Durante el trámite en el Senado se incluyó la creación de un Fondo de garantía de bienes tangibles, como "organismo autónomo dependiente de la Dirección General de Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo". Además, en tres meses el Gobierno debería "regular reglamentariamente este fondo de garantía, estableciendo su régimen orgánico, las aportaciones para su financiación y los derechos de los depositantes". Sin embargo, esta enmienda fue rechazada en el Congreso.
El diputado del PP Vicente Martínez Pujalte defendió la creación de este Fondo de garantía de bienes tangibles porque es "un paso y un inicio de solución" para los afectados del caso Fórum Filatélico y Afinsa. "No se puede olvidar a los que han sido víctimas de una intervención desproporcionada", dijo. La diputada socialista Isabel Pozuelo contestó que no es una medida adecuada para estos afectados, y que además no tendría efectos retroactivos.
En el Senado se incorporó también el derecho a la devolución de las cuotas del impuesto sobre hidrocarburos para los agricultores y ganaderos, en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2005 y el 30 de septiembre de 2006. Ésta enmienda sí fue aprobada definitivamente en el Congreso.
Finalmente, la norma regula el derecho de asociación y la regulación para las asociaciones de consumidores, conforme a la actual distribución de competencias del Estado y las comunidades autónomas.
Salgado anunció que presentará un proyecto de Ley en materia de sanciones e infracciones sobre protección a consumidores, en coordinación con las comunidades autónomas, y que en un año se contará con un texto refundido de las normas en materia de protección de consumidores y usuarios.
La diputada socialista Isabel Pozuelo indicó que esta ley "impone cordura y sentido común" en la protección de los consumidores. La ley atiende a los problemas cotidianos de los ciudadanos: se prohíbe el cobro por servicio no consumido, se incrementa la protección de los ciudadanos al comprar una vivienda, y se mejora la capacidad de representación de las asociaciones de consumidores, entre otros aspectos.
