Los trabajadores de Sintel pedirán alrededor de 300 millones de euros de indemnizaciones
MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado ante la Audiencia Nacional su escrito de acusación definitivo y la solicitud de apertura de juicio oral por el 'caso Sintel', en la que se imputa a 20 antiguos directivos de Sintel y de Telefónica presuntos delitos contra la Hacienda Pública e insolvencia punible.
Según adelantó hoy la Cadena Ser, entre los acusados por el fiscal que investigó el caso, José Grinda, se encuentran el presidente de Telefónica que firmó el acuerdo de venta de Sintel en 1996, Cándido Velázquez, y el entonces secretario del Consejo de Administración de la empresa, Heliodoro Alcaraz.
Por parte de Sintel, el principal acusado es su ex presidente, Jorge Mas Santos, hijo del fallecido empresario cubano anticastrista Jorge Mas Canosa, así como los administradores y miembros del Consejo de Administración de la filial de Telefónica.
La Fiscalía considera que todos los acusados participaron en el proceso de venta de Sintel iniciado en 1996 y su posterior quiebra en 2001, que dejó a 1.800 trabajadores sin empleo.
El escrito del Ministerio Fiscal mantiene que la mala gestión de la compañía provocó notables perjuicios a los trabajadores y menciona los perjuicios económicos, morales y psíquicos, todos estos factores determinarán la cuantía del dinero a reclamar durante el juicio.
La Fiscalía establece dos tipos de indemnizaciones para los trabajadores perjudicados. En primer lugar, la correspondiente al daño económico que incluirá los créditos no satisfechos. Entre ellos, se encuentra la póliza de seguros de casi 12 millones de euros que el Gobierno del PP firmó con el BBVA para pagar las prejubilaciones de los 470 empleados que tenían 50 años en el momento de la quiebra.
Dentro de las indemnizaciones económicas, el fiscal pide el cumplimiento del pago de los expedientes de regulación de empleo que quedaron sin pagar. El Plan Social aprobado el 3 de agosto de 2001 con el Gobierno del PP dejó sin abonar el 55% de los 25 millones de euros de indemnizaciones (20 días por año) por la quiebra de Sintel.
En segundo lugar, el fiscal pide indemnizaciones por daños morales provocados a los trabajadores que se vieron privados de su empleo y no pudieron acceder a las ayudas públicas. Estas cantidades a determinar están incluidas en el paquete de medidas del Plan Social, con especial atención a los ex empleados con discapacidad, los parados y los familiares de los fallecidos.
TRABAJADORES PEDIRÁN 300 MILLONES.
El portavoz de los trabajadores de Sintel, Adolfo Jiménez, explicó en declaraciones a Europa Press que todavía no tienen listo su escrito de acusación pero que la cantidad a reclamar por su parte podría ascender a alrededor de 300 millones de euros.
Jiménez explicó que estudiarán "caso por caso" para presentar cifras determinadas de indemnización a cada uno de los 1.800 trabajadores afectados. Por último, el portavoz de los trabajadores afirmó sentirse "satisfecho" por la petición de apertura de juicio oral y por la mención a las posibles indemnizaciones.
Los trabajadores de Sintel iniciaron el pasado mes de mayo las negociaciones con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con la finalidad de que se cumpla el Plan Social aprobado por el PP en 2001 y por el cual se levantó el campamento que instalaron en el Paseo de la Castellana de Madrid.
A partir de ahora, presentarán sus respectivos escritos de acusación ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que será quien decida la lista final de acusados.
El procedimiento contra los ex responsables de Sintel se inició en julio de 2001 a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción por un delito de insolvencia punible. En enero de ese mismo año, los trabajadores, que protagonizaron una acampada de seis meses en el madrileño Paseo de la Castellana para reclamar sus derechos laborales, denunciaron a los anteriores responsables de la filial de Telefónica ante la Fiscalía Especial.
