BRUSELAS, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea continúa estudiando las implicaciones que podría tener "el presunto acuerdo" entre la eléctrica E.ON y la gasista Ruhrgas, ambas alemanas, por lo que respecta a la posible capacidad de intervención del Gobierno en la segunda y recordó hoy que "la acción de oro no tiene lugar en el mercado interior" de la UE.
Así lo aseguró el portavoz de Mercado Interior, Oliver Drewes, durante una rueda de prensa en la que celebró una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TUE) que hoy falló en contra de la intervención del Gobierno de Países Bajos en el accionariado de las dos empresas -- Koninklijke KPN NV, de telecomunicaciones, y TPG NV, de servicios postales_en las que se escindió tras su privatización la antigua compañía estatal de correos, telégrafos y teléfonos.
Además de mostrar su satisfacción por lo que consideró una nueva confirmación por parte del TUE de la postura de la Comisión de no permitir la obstrucción del libre movimiento de capitales y de la libertad de establecimiento, Drewes recordó que aún quedan casos pendientes.
A este respecto, afirmó que "una sentencia es un precedente para todos los casos", así que, dijo, "atañe a todos los Estados miembros que también tienen acciones de oro".
Aunque no lo nombró directamente, se limitó a señalar como respuesta a una pregunta que "los supuestos arreglos" que existen entre E.ON y Ruhrgas "es una situación que estamos analizando cuidadosamente para ver qué significa a la luz de los principios" de libre circulación de capitales y libre establecimiento.
Ruhrgas cuenta en su accionariado con una participación pública y cuando fue adquirida por E.ON se estableció como condición a la eléctrica que si vendía la empresa debería contar con la aprobación del Ministerio de Economía de Alemania.
ACCION ESPECIAL CONTROVERTIDA
La sentencia a la que se refirió Drewes este jueves declaró ilegales las "acciones especiales controvertidas" que mantuvo el Estado holandés en las compañías privadas Koninklijke KPN NV y TPG NV y en virtud de las cuales el Gobierno se arrogaba "derechos especiales" para la aprobación de acuerdos en diversos ámbitos.
Entre ellos, en la emisión de acciones, la restricción o supresión del derecho preferente de los titulares de acciones ordinarias, la adquisición o enajenación por la sociedad de acciones propias que representen más del 1 % del capital suscrito en acciones ordinarias o la amortización de la acción especial.
A este respecto, el TUE admitió la queja de la Comisión, relativa a que "las acciones especiales controvertidas constituyen obstáculos a la libre circulación de capitales y que los derechos especiales asociados a dichas acciones, aun en la medida en que éstas tengan por objeto la protección del interés general, son, en cualquier caso, desproporcionados".
En su sentencia concluye que el Gobierno de Países Bajos no cumplió con su obligación, según se establece en el Tratado de la UE, de no obstruir la libre circulación de capitales y la libertad de establecimiento "al mantener en los estatutos de KPN NV y de TPG NV determinadas disposiciones a cuyo tenor el capital de estas sociedades comprende una acción especial, propiedad del Estado neerlandés, que le confiere derechos especiales de aprobación de determinadas decisiones de gestión de los órganos de dichas sociedades, no circunscritos a los casos en que la intervención de ese Estado es necesaria por razones imperiosas de interés general reconocidas por el Tribunal de Justicia, y, en el caso de TPG NV, en particular, para garantizar el mantenimiento del servicio postal universal".
Tras conocer la sentencia, Drewes declaró que "estamos muy contentos", "el TUE ha confirmado que las acciones de oro no tiene lugar en el mercado interior" y advirtió que "quizá los Estados miembros están malgastando recursos para defender lo indefendible".
