MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los presidentes de Adicae y de la OCU, dos de las asociaciones representantes de los afectados por Fórum y Afinsa, coincidieron hoy en calificar el informe de la administración concursal de Afinsa como "la confirmación de la estafa" a los más de 400.000 clientes de las dos empresas.
El presidente de la Adicae, Manuel Pardos declaró que "desgraciadamente los activos de Afinsa sólo cubren el 25% de la deuda" lo que revela que el fraude "se confirma", y señaló que sus abogados se preparan para presentar las impugnaciones que consideren necesarias
Pardos alabó el trabajo de los administradores concursales y el "apoyo de la Justicia en el proceso" y animó a los afectados a "participar en las movilizaciones", concretamente en la organizada por una plataforma de afectados adscrita a Adicae que tendrá lugar mañana a mediodía en la Puerta del Sol de Madrid.
A su vez, volvió a solicitar un "acuerdo conjunto" de los grupos parlamentarios con la finalidad de aprobar un Fondo de Compensación de pérdidas y animó a los afectados a "ejercer su derecho de reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado" por falta de legislación y control de las empresas de bienes tangibles.
Por su parte, el presidente de OCU, José María Múgica, explicó que el resultado del informe refleja que "las expectativas de los afectados se van deshinchando cada vez más", y mostró su preocupación porqué "haya gente que esté alimentando las expectativas de los afectados de manera falaz", en referencia a las plataformas y a los ex directivos de las empresas que les apoyan.
Múgica anunció que se preparan para impugnar "aquellos créditos que no han sido reconocidos" de la gente a la que representan y también en el caso de que haya "una diferencia significativa entre la deuda reconocida y la declarada".
El presidente de la OCU rechazó sugerir a los afectados que emprendan la vía de solicitar la de responsabilidad civil del Estado, ya que consideró que ésta debe ser, en primer lugar, "demostrada por la Justicia". Esta responsabilidad debería primero ser demostrada por la vía penal, que debería determinar "el perjuicio económico, la falta de legislación y el nexo entre los dos", apuntó.
