El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy - Diego Radamés - Europa Press
MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
Frente Amplio ha planteado en su programa electoral que las empresas con 50 o más asalariados paguen un 0,45% de la masa salarial bruta pagada en el ejercicio anterior para financiar la construcción pública de vivienda.
Es una de las propuestas que la formación liderada por Ada Colau ha dejado en su programa electoral. En concreto, el partido plantea una contribución "obligatoria" para estas empresas que se destine a financiar la promoción de vivienda pública para alquiler asequible, una fórmula que según el partido ya existe en Francia.
"Se aplicará a todas las empresas privadas que emplean un promedio anual de 50 o más asalariados durante cinco años consecutivos. Aplicaremos un tipo del 0,45% sobre la masa salarial bruta pagada por las empresas en el ejercicio anterior", cita la propuesta de Frente Amplio recogida por Europa Press.
Según los cálculos del partido, la propuesta permitiría recaudar en torno a los 1.000 millones de euros anuales y promover la construcción de unas 10.000 viviendas para alquiler asequible.
REFORMA CONSTITUCIONAL
Además de esta iniciativa, Frente Amplio aboga por una reforma constitucional del derecho a la vivienda para que este pase a ser incluido entre los reconocidos como los fundamentales. Para conseguir esta reforma hace falta una mayoría de dos tercios en Congreso y Senado, disolver después las Cortes, volver a convocar elecciones, que se vuelva a aprobar con mayoría de dos tercios y por último un referéndum.
El partido apuesta su vez por impulsar una ley de expropiación de viviendas a propietarios corporativos privados, que afectaría en primera fase al stock residencial de entidades poseedoras de más de 1.000 viviendas, en segundo lugar a tenedores de más de 700 viviendas y en tercera fase a empresas propietarias de más de 50 inmuebles.
Otras iniciativas que se desprenden del programa frenteamplista son el reconocimiento legal de la huelga de alquileres, vincular el precio del alquiler al 25% de la renta del barrio en el que se viva u obligar a las empresas a financiar parte de la construcción de la vivienda asequible en España.
Además, se plantea prohibir por ley la compra de viviendas residenciales con cualquier otro fin que no sea la residencia habitual y la extinción progresiva y definitiva de "todas las licencias de Viviendas de Uso Turístico y alquileres de temporada fraudulentas en edificaciones residenciales en un plazo máximo de tres años dentro de las zonas tensionadas".
También se incluye en el programa la creación de una agencia estatal de vivienda con capacidad sancionadora por infracciones graves a la normativa inmobiliaria, con capacidad para poner multas de hasta un millón de euros.