MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley que regulará el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y que permitirá que parte del mismo sea invertido en renta fija emitida por entidades privadas y en renta variable, pero siempre buscando valores seguros, rentables y con perfiles de riesgo distintos.
La reforma del Fondo de Reserva de las pensiones es fruto del acuerdo entre Gobierno, CC.OO., UGT, CEOE y Cepyme y forma parte del paquete de medidas para reformar el sistema de la Seguridad Social.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, destacó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta ley dotará de mayor flexibilidad la gestión del Fondo, "conjugando la seguridad con una mayor rentabilidad de las inversiones".
"El Gobierno persigue conseguir una rentabilidad cercana a la que logran los inversiones privados. Se trata de invertir mejor la reserva de todos para obtener una mayor rentabilidad con garantías de seguridad", precisó De la Vega.
La cuantía actual de la llamada 'hucha de las pensiones' supera los 40.334 millones de euros, el 4,1% del PIB, y a final de año rondará los 50.000 millones. En la actualidad, la práctica totalidad del Fondo de Reserva está invertido en activos financieros públicos. La cartera de activos se reparte entre los emitidos por el Reino de España y entre deuda no española procedente de Alemania, Francia y Países Bajos.
España es el único país con un Fondo de Reserva de esta naturaleza que no invierte en renta variable. El resto de países sí lo hacen y los porcentajes de inversión en estos valores varían desde el 2,13% de Polonia hasta casi el 90% de Jersey, pasando por algo más del 56% en Francia. La rentabilidad del Fondo español supera el 5%, frente al 10% que consiguen otros países que combinan la inversión en renta fija con la de renta variable.
La idea es que el Estado siga gestionando las inversiones en renta pública y que, al mismo tiempo, una parte del Fondo de Reserva aún por determinar se ponga en manos de gestores privados para su inversión posterior. Estos gestores, que se elegirán de acuerdo a la Ley de Contratos del Estado, tendrán un margen de libertad para decidir en qué valores se invierte, ya sean de renta fija o variable, y partirán para ello de una serie de criterios.
Así, se buscarán valores seguros, rentables, que respondan a criterios de responsabilidad social, económica y ambiental y que "diversifiquen los riesgos" para que la relación entre seguridad y rentabilidad sea óptima.
LÍMITES EN EL USO DEL FONDO DE RESERVA
La parte que finalmente se externalice se orientará hacia valores de renta fija emitidos por entidades privadas, acciones y otros instrumentos financieros, participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva, y otros valores.
Los porcentajes máximos de las cantidades que podrán ser invertidas en ellos se fijarán en un reglamento que el Gobierno quiere pactar también con los agentes sociales. Dicho reglamento también limitará la parte que podrá externalizarse o la que podrá invertirse en valores de renta fija emitidos por una misma entidad privada.
En ningún caso, el Fondo podrá tener participaciones significativas en empresas ni influir o condicionar decisiones empresariales. El Gobierno quiere dejar "blindado" este aspecto, por lo que se muestra abierto a que el Parlamento realice las aportaciones que sean necesarias para buscar la fórmula legal más adecuada.
La norma restringe además la capacidad para disponer de los activos del Fondo de Reserva. La disposición de los mismos, que no podrá exceder cada año del 3% del importe de las pensiones contributivas, únicamente podrá destinarse a financiar pensiones contributivas y sólo será posible en situaciones de déficit presupuestario en un ejercicio.
