MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto una nueva batalla judicial contra una de las normas aprobadas por el anterior Gobierno, al presentar un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional contra la resolución del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital por la que se aprobaron las reglas de funcionamiento de los mercados diario e intradiario de producción de energía eléctrica.
El recurso, presentado el pasado viernes, supone un paso más en el frente que se abrió entre el organismo presidido por José María Marín Quemada y el exministro de Energía, Álvaro Nadal, en la pugna entre regulador y Gobierno por las competencias para fijar, entre otros aspectos, la cuantía y el reparto de los peajes eléctricos.
Ya en diciembre del año pasado, el Tribunal Supremo admitió a trámite un recurso contencioso-administrativo presentado por la CNMC contra el Real Decreto 903/2017 por el que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital asumía funciones que hasta la fecha correspondían al regulador, entre ellas las liquidaciones del sistema eléctrico.
En este nuevo recurso ante la Audiencia Nacional, en este caso presentado ante esta instancia debido al grado de la normativa aprobada, la CNMC denuncia el apropiamiento por el Gobierno de unas reglas para fijar el mercado intradiario eléctrico, que sirve para ajustar las ofertas al consumo en cada una de las horas y que supone un volumen de entre un 3 y 5% de la energía.
A partir del próximo 12 de junio este mercado intradiario debe acoplarse con los del resto de Europa y operar como la Bolsa, aceptando ofertas de manera continua y a precios diferenciados.
No obstante, la CNMC defiende que había negociado con el regulador portugués un sistema transitorio por el que se mantendría un modelo de subasta parecido al actual para este mercado intradiario, para, posteriormente, dentro de dos años proceder a su evaluación definitiva y decidir si se modificaba o no.
En su recurso, debido a la entrada en vigor este mes de junio de las normas, la CNMC solicita también medidas cautelarísimas para suspender de forma inmediata la normativa.
Asimismo, fuentes conocedoras del proceso indicaron que, ante la situación de cambio de Gobierno producida la pasada semana tras prosperar la moción de censura presentada por Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, hay lugar a una desestimación de este recurso si hubiera por parte del nuevo Ejecutivo algún cambio respecto a la estrategia del anterior de arrebatar sus competencias a la CNMC.
RELACIÓN JUDICIALIZADA.
La relación entre la CNMC y el anterior inquilino del Ministerio de Energía se judicializó después de que el gabinete dirigido por Álvaro Nadal respondiera con una negativa al requerimiento de la CNMC para que se retractara de la decisión de arrebatarle sus funciones.
En concreto, la CNMC recurrió los artículos 3.1 d), 3.1 m), 3.1 ñ), 3.1 q), 4.1 d), 4.1 i), 4.1 s) y 4.1 w), así como la disposición adicional segunda, la disposición adicional tercera, la disposición transitoria tercera y la disposición transitoria cuarta de la normativa.
El Real Decreto 903/2017, aprobado el pasado mes de octubre, desarrolla adaptaciones en la estructura orgánica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que contemplan que el Ministerio pase a asumir funciones que hasta la fecha correspondían a la CNMC.
Entre esas funciones que pasa a desempeñar el Ministerio se encuentran las inspecciones y las liquidaciones, así como la supervisión del sector de hidrocarburos líquidos, el sistema de certificados de biocombustibles y el control de operaciones.
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE BRUSELAS A ESPAÑA.
En septiembre de 2016, Bruselas ya abrió un procedimiento sancionador al Reino de España, todavía sin cerrar, por las competencias en esta materia.
Como solución, el Gobierno planteó a Bruselas un modelo análogo ya en otros países europeos, como en Francia, por el que la CNMC sería quien fijara los peajes, aunque siguiendo las orientaciones de política energética del Gobierno.
Los peajes de acceso a las redes, los costes regulados para sufragar las inversiones en redes, suponen unos 7.000 millones de euros del total de los 19.000 millones de euros que representan los costes regulados del sistema eléctrico.
