MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley 1/2009 de 23 de febrero de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones por el que se regula la creación y puesta en funcionamiento de la Oficina de Defensa del Consumidor de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), por un presunto conflicto de competecencias.
Según el vicepresidente y portavoz, Ignacio González, la apertura de dicha oficina no solucionará el verdadero problema de los consumidores, que no es otro que "la fuerte subida encubierta de las tarifas de electricidad que ha propiciado el Ministerio de Industria del Gobierno de España a principios de año".
El Gobierno de la Comunidad sostiene que el cambio de facturación de bimestral a mensual a través de lecturas estimadas, que no beneficia a nadie, sólo pretendía encubrir una subida de la electricidad muy superior a la anunciada por el ministro Sebastián.
Ante las 10.000 quejas y reclamaciones recibidas por la Comunidad de Madrid, el Gobierno abrió un expediente informativo a las compañías eléctricas el pasado 30 de enero para investigar los motivos de las facturas tan elevadas, facturas que además resultan incomprensibles para la mayoría de los consumidores.
Además, el Gobierno Regional considera que el ministro Miguel Sebastián debería explicar a los consumidores qué motivaciones le han movido a cambiar la facturación eléctrica de bimestral a mensual, cuando ni las compañías eléctricas, ni evidentemente los consumidores se benefician de dicho cambio. La Comunidad de Madrid, al igual que lo hizo el Congreso de los Diputados el pasado 31 de marzo, insta al Gobierno de Zapatero de Industria a rectificar y modificar el sistema de facturación mensual.
RECURSO.
Según el Gobierno regional, los términos invocados en el Real Decreto Ley 1/2009, no justifican la urgencia de la misma a través de un Real Decreto. El Ministerio de Industria se amparaba en la situación económica, en los efectos del proceso de liberalización del sector energético, y en la inminente entrada en vigor del Suministro de Último Recurso para hacer uso de la facultad legislativa excepcional de dictar Decretos leyes.
Sin embargo, la Comunidad considera que ninguno de estos motivos justifica dicha urgencia, ya que la normativa estatal reguladora del Suministro de Último Recurso todavía no ha sido desarrollada y se pretende justificar la creación de esta Oficina para solucionar los posibles problemas que se puedan derivar de la entrada en vigor de una normativa inexistente hasta el momento.
El Gobierno regional considera que es difícil que la actuación que se asigne a la Oficina dé respuesta a los problemas que puedan surgir como consecuencia de una regulación posterior.
La creación por parte del Gobierno central de esta Oficina de Atención al Consumidor podría suponer además, una vulneración de las competencias autonómicas en materia de consumo, opina el Ejecutivo. Dicha oficina podría constituir "una injerencia en las competencias de protección al consumidor, transferidas a las comunidades autónomas".
Por otra parte, según el informe de los Servicios Jurídicos de la Comunidad, el RDL vulneraría también las competencias exclusivas de instalación de producción, distribución y transporte de cualesquiera energías, cuando el transporte no salga de territorio y su aprovechamiento no afecte a otra Comunidad.
Este RDL de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones es la respuesta normativa del Ministerio de Industria al gran número de reclamaciones formuladas por los consumidores a raíz del nuevo sistema de facturación del suministro de energía eléctrica, que pasó de tener facturación bimestral a mensual, y por lo tanto una forzosa estimación, que ha provocado un auténtico caos en la población.
Dicho Real Decreto habla de la creación "de inmediato" de una oficina de protección al consumidor. Dado que el RDL entró en vigor el día 25 de febrero y que el Ministerio tiene prevista su apertura en el mes de julio, y teniendo en cuenta la avalancha de reclamaciones que se siguen registrando, la demora en la apertura de dicha oficina dejará en papel mojado su utilidad.
