MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -
El grupo resultante de la fusión entre GDF y Suez, GDF-Suez, deberá pedir permiso al Gobierno español si quiere ejercer derechos políticos en Gas Natural superiores al 3%, ya que la denominada 'Ley Rato' impide a empresas con capital público extranjero superar este umbral de voto en empresas reguladas españolas.
Tras la fusión de Suez con GDF, controlada por el Estado francés, el grupo resultante dispondrá de una participación pública del 35%.
Para acudir a la norma que limite la entrada de Suez, el Ministerio de Industria deberá pedir un informe a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que será devuelto al departamento para su posterior elevación al Consejo de Ministros.
La 'Ley Rato' fue creada en 2000 por el entonces vicepresidente económico de Gobierno, Rodrigo Rato, para evitar la entrada en el sector energético español de empresas públicas europeas.
Esta norma se encuentra recurrida ante el Tribunal de Luxemburgo, y la Comisión Europea considera que restringe de forma injustificada la libre circulación de capitales en la Unión, por lo que ha pedido la suspensión formal de la ley.
Para lograr los derechos sobre su participación en Gas Natural, Suez cuenta con un precedente favorable en el caso de Enel y Endesa. El Ejecutivo renunció recientemente a aplicar esta ley en el caso de la eléctrica italiana y su oferta de compra junto a Acciona de Endesa. El Gobierno italiano dispone de una participación en la eléctrica superior al 30%, pero el Consejo de Ministros autorizó a Enel a ejercer derechos políticos correspondientes a su participación del 24,9%.
Durante el examen por parte del Gobierno de la entrada de Enel en Endesa, el actual vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, recordó, para justificar la decisión final del Ejecutivo, que la Ley Rato está recurrida por Bruselas ante el Tribunal de Luxemburgo.
