MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite tres nuevas cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por la Audiencia Nacional acerca del mecanismo de financiación de los planes de ahorro y eficiencia energética diseñado en 2010 por el anterior Gobierno.
Este mecanismo de financiación aparece recogido en la disposición adicional tercera del real decreto ley 14/2010, en la que se carga sobre once empresas, especialmente las grandes eléctricas, la financiación de los planes de ahorro y eficiencia durante los ejercicios 2011, 2012 y 2013.
Las empresas recurrieron la norma ante la Audiencia Nacional, cuya sección cuarta ha planteado las nuevas cuestiones de anticonstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, según las distintas disposiciones publicadas este martes en el BOE.
En total, están en juego 670 millones destinados a los planes de eficiencia que las empresas fueron aportando en los últimos años, a razón de 270 millones en 2011, 250 millones en 2012 y 150 millones en 2013.
Las empresas que deben hacer frente a este coste son, de mayor a menor contribución, Endesa (34%), Iberdrola (32%), Gas Natural Fenosa (16%), EDP España (4%), E.ON (2%) y AES Cartagena (2%). Además, financian el plan con porcentajes inferiores al 2% Bizkaia Energía, Castelnou Energía, Nueva Generadora del Sur, Bahia de Bizkaia Electricidad y Tarragona Power.
La Audiencia cree que podría resultar "discriminatorio y arbitrario" que un grupo concreto de empresas y no el conjunto de los productores de electricidad, incluidos los de renovables y cogeneración, sean los que tengan que financiar estos planes durante los años 2011, 2012 y 2013.
Estas empresas, señala el real decreto ley aprobado en la etapa del anterior ministro de Industria, Miguel Sebastián, deben hacerse cargo de la ejecución de las medidas del plan de acción 2008-2012 de la estrategia de ahorro y eficiencia energética en España para el periodo 2004-2012 (E4).
UNA LARGA DISPUTA.
El origen de la disputa acerca de la financiación de estos planes se remonta a 2003, cuando el Gobierno aprobó, en aplicación de una directiva comunitaria, el plan de 'Estrategia de ahorro y Eficiencia energética en España 2004-2012', referido a diversos sectores, que van desde la industria al transporte, pasando por los edificios, equipamiento de los domicilios y ofimática, agricultura, sector público y, además, sector eléctrico.
Dos años después, en 2005, el Gobierno lanzó el 'Plan de acción 2005-2007' de la estrategia de ahorro y eficiencia energética en España 2004-2012', financiado con cargo a la tarifa eléctrica, que sufragan a su vez los consumidores de luz.
SENTENCIA DEL SUPREMO.
Esta decisión de cargar a la tarifa un plan plurisectorial fue anulada en 2007 por el Tribunal Supremo, que recordó que en ningún momento la Ley del Sector Eléctrico contempla este tipo de actuaciones entre los diferentes conceptos de la tarifa.
Para resolver la forma de financiación de estos planes, el anterior Gobierno adoptó la medida ahora cuestionada por la Audiencia, consistente en trasladar el coste a las empresas del régimen ordinario de producción de electricidad.
