MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
Facua-Consumidores en Acción considera una "tomadura de pelo" que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, rechace fijar la tarifa eléctrica social en función de la renta con el argumento de que esta medida podría incitar al fraude.
La organización de consumidores considera que el ministro ha optado por la "fórmula fácil" de utilizar como criterio para la tarifa social la potencia contratada, lo que quita sentido a esta modalidad y la reduce a "una maniobra de propaganda".
Facua advierte de que el fraude siempre es posible, incluso con el criterio de la potencia contratada. Como ejemplo, asegura que un usuario podría contratar la tarifa social y montar en su domicilio un negocio de lavandería en el que emplee dieciséis lavadoras en 12 horas.
Otro ejemplo de fraude a partir del criterio de potencia consiste en una familia que contrata la tarifa social en su segunda residencia de la playa con sólo empadronar a uno de sus miembros en ella.
Por el contrario, lamenta Facua, una familia que haya realizado una inversión en electrodomésticos con los mayores niveles de eficiencia energética y que sea especialmente ahorrativa a la hora de consumir electricidad se vería privada del acceso a la tarifa social porque necesita una potencia contratada muy superior al tope de 3 kilovatios (kW) fijado por el Gobierno.
De hecho, esta potencia de 3 kW es tan baja que no permite tener operativa a la vez un aparato de aire acondicionado y una lavadora, salvo que la vivienda no tenga frigorífico.
Facua también discrepa de las declaraciones de Sebastián esta mañana en el Foro Sociedad en Red, organizado por Red.es y Europa Press, en las que el ministro asegura que el criterio de renta no es adecuado para evaluar el consumo.
Sobre este aspecto, la organización de consumidores recuerda que la tarifa social no implica mayor o menor consumo, sino que se refiere a la potencia, lo que es "bastante diferente".
Facua se pregunta dónde está el carácter social de la tarifa aprobada por el Gobierno y considera que sus características la hacen "inviable para millones de familias con pocos recursos económicos, por mucho que su consumo eléctrico no sea para nada despilfarrador".
En línea con las consideraciones de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), insiste en que una tarifa "realmente social" debe estar viculada a los recursos económicos de los usuarios, a pesar de las mayores dificultades de la Administración y las eléctricas para evaluar datos de renta.
