BRUSELAS, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno negocia con la Comisión Europea modificar la legislación que amplió los poderes de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para ajustarla a la normativa comunitaria, según explicó hoy el secretario general de Energía, Pedro Marín, tras reunirse con el comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy.
El decreto-ley en cuestión, que permitió al regulador español imponer condiciones a las ofertas públicas de adquisición de E.ON y de Enel y Acciona sobre Endesa, fue declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) en julio de 2008. La sentencia señalaba que el decreto vulnera la libre circulación de capitales y la libertad de establecimiento y no está justificado por el objetivo de garantizar la seguridad del suministro energético.
El secretario general de Energía explicó que existe un "amplio acuerdo" entre el Gobierno español y el Ejecutivo comunitario sobre la voluntad de encontrar "una solución a estos problemas y a las discrepancias que han existido que sea ágil, que sea lo más temprana posible y que sea de común acuerdo entre las dos partes".
El Gobierno está dispuesto a "hacer las modificaciones legales que tengamos que hacer para ajustarnos al contenido de la sentencia" y quiere hacerlas de forma pactada con la Comisión, dijo Marín. No obstante, subrayó que la "seguridad de suministro", que según dijo era el objetivo del decreto-ley, seguirá siendo una prioridad de cualquier reforma y dejó claro que esta cuestión es competencia de los Estados miembros y no de Bruselas.
El secretario general de Energía aseguró además que hay un "gran entendimiento" entre el Gobierno y la Comisión sobre el calendario de esta reforma, pero no quiso hablar de plazos. Señaló que España ya ha presentado una propuesta al Ejecutivo comunitario y que el comisario McCreevy se ha comprometido a pronunciarse sobre ella "en un plazo muy breve". "Una vez tengamos una respuesta, nuestro compromiso ha sido trabajar intensamente con ellos para buscar una solución", dijo.
Por su parte, fuentes comunitarias señalaron que la reunión entre McCreevy y Marín fue "abierta" y "constructiva" y explicaron que ya había habido otros contactos previos a nivel técnico entre Madrid y Bruselas sobre esta cuestión pero que el de este jueves era el primero a nivel político. La prioridad del Ejecutivo comunitario es que se aplique la sentencia del TUE y de momento no piensa abrir otro expediente a España por este tema.
