Se prevé unas inversiones de entre 29.000 y 34.000 millones y generarán 40.000 empleos
MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
La transición energética para alcanzar los objetivos medioambientales fijados por la Unión Europea requerirá unas inversiones en redes de entre 29.000 y 34.000 millones de euros hasta 2030 y el mantenimiento de una tasa de retribución razonable del 7%, "consistente con la observada en otros países europeos del entorno y sus costes de capital", según el informe 'La contribución de las redes eléctricas a la transición energética' elaborado por Monitor Deloitte.
"Para permitir esta transformación, serán necesarias unas inversiones de entre 38.000 y 46.000 millones de euros hasta 2030, de los que 29.000 y 34.000 millones de euros deberán ser realizados por los operadores de redes", señaló Alberto Amores, socio de Monitor Deloitte en la presentación del estudio, en el que han participado además las principales empresas de redes de transporte y distribución en España (Endesa Distribución, Iberdrola Distribución Eléctrica, Unión Fenosa Distribución, Hidroeléctrica del Cantábrico, Viesgo Distribución Eléctrica y REE), así como las asociaciones sectoriales ASEME y CIDE.
En concreto, de este esfuerzo inversor que deberán realizar los operadores de redes, entre 14.000 y 15.000 millones de euros irán destinados a la modernización y actualización con nuevas tecnologías de las redes, de los que casi la mitad estarían destinados a las redes de baja tensión hasta 2030.
Por su parte, entre otros 5.000 y 6.000 millones de euros irían destinados a la digitalización y automatización de las redes, lo que reduciría costes y permitiría crear nuevos servicios para el usuario.
Estas inversiones en redes tendrían un impacto directo en la economía de España, ya que el 95% de ellas sería servida por la industria nacional, y generarían unos 40.000 puestos de trabajo durante el periodo 2018-2030, creando "empleo de calidad, con un baja temporalidad y alta cualificación", según el estudio.
No obstante, el informe destaca que las inversiones deben de obtener una rentabilidad adecuada, por lo que propone una tasa de retribución del 7% para el siguiente periodo regulatorio.
El Gobierno debe definir en 2019 la tasa de retribución financiera para el próximo periodo regulatorio (2020-2025) para las distintas actividades del sector.
A este respecto, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha mostrado ya su intención de aplicar la revisión correspondiente según dice la normativa, que está vinculada al rendimiento de los bonos del Estado a 10 años más un diferencial de 200 puntos básicos para el caso de las redes, por lo que la rentabilidad caería respecto a los niveles actuales.
RESPONDER A UNA RETRIBUCIÓN ADECUADA.
El estudio señala que la regulación establece que la tasa de retribución financiera debe responder a una retribución adecuada a una actividad de bajo riesgo, al coste de financiación de operadores de redes comparables y a las necesidades de inversión del siguiente periodo regulatorio.
Así, Deloitte propone en su informe esta tasa de retribución del 7% para el próximo periodo regulatorio basándose en el coste de capital de los operadores de red en España, con una media del 7%; así como en un diferencial sobre la deuda soberana de la rentabilidad de estas actividades en los países del entorno de 490 puntos básicos y una previsión del coste de la deuda española de 2,1%.
UNA REBAJA DEL COSTE DEL SUMINISTRO DE HASTA EL 35%.
El informe también destaca que el coste de las redes, teniendo en cuenta las inversiones a realizar y la tasa de retribución propuesta, junto con el incremento de la demanda eléctrica asociado, se traduciría en aproximadamente un 10% de reducción del componente de redes de la tarifa, debido a que el incremento de costes será significativamente inferior al de la demanda eléctrica hasta 2030.
En términos globales, el coste del suministro eléctrico para el consumidor podría reducirse un 30-35% en términos reales entre 2015 (unos 130 euros por MWh) y 2030 (entre 85-90 euros por MWh).
