SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Cabildo de Gran Canaria y presidente del PP canario, José Manuel Soria, afirmó el viernes que no impidió a la empresa pública Megaturbinas de Arinaga acudir al concurso de asignación de energía eólica convocado por el Ejecutivo regional en 2004 para beneficiar así a la empresa Promotora de Recursos Eólicos, propiedad de Javier Esquivel y en la que era consejero su hermano, José Ignacio Esquivel.
Durante su comparecencia en la comisión de investigación en el Parlamento canario, el líder popular respondió al Partido Socialista Canario (PSC) que "si hubiera favorecido a terceros en detrimento de Megaturbinas debería haber salido de la política". "Ustedes, o me echan con los votos, o no lo harán en la vida", advirtió.
Soria insistió en numerosas ocasiones durante las tres y horas y media que duró su comparecencia que Megaturbinas "nunca" tuvo la intención de participar en el concurso de asignación de potencia eólica convocado por el Gobierno de Canarias en 2004, cuando el consejero regional de Industria era su hermano, Luis Soria.
"Podía haberlo hecho porque concursar no era incompatible con el objeto social de la empresa, que era, preferentemente, el de investigar pero jamás se planteó", afirmó. Soria, que aseguró sentirse "encantado" de comparecer, destacó que es "mentira" el argumento del Partido Socialista Canario (PSC) de que "Megaturbinas perdió una gran oportunidad de negocio al no haber participado en el concurso eólico".
Fue la diputada socialista Gloria Gutiérrez quien primero preguntó a Soria si dio instrucciones para que Megaturbinas se abstuviera de acudir al concurso eólico y beneficiar así a la empresa Promotora de Recursos Eólicos, propiedad de Javier Esquivel y en la que era consejero su hermano, José Ignacio Esquivel. También le preguntó por qué no había pagado los alquileres del chalet donde vivía en Las Palmas, propiedad de otra empresa de los Esquivel, entre diciembre de 2004 y mayo de 2005. Se trata de unos 30.000 euros.
Soria admitió conocer a los empresarios "desde hace más de 20 años", lo que explica, según indicó, por qué Javier Esquivel no le exigió fianza cuando firmó el contrato de arrendamiento pero negó que no hubiera pagado esos alquileres al aseverar varias veces que "siempre" cumple con sus obligaciones. Ante la insistencia del PSC en ese asunto, Soria retó al diputado socialista Santiago Pérez a que acuda al Juzgado de Guardia "si tiene dudas sobre si pagué los alquileres de mi casa". "Denuncie que hay un político en activo que hizo un trato de favor a cambio de lucro porque si no lo hace, desde el punto de vista político, es una absoluta cobardía", dijo.
"Usted se ampara en su condición de parlamentario para hacer preguntas que siembran la duda en esta comisión pero le invito a que salga de la Cámara y afirme lo que aquí sugiere; no tendrá la valentía de hacerlo porque de hacerlo, sabe que lo llevaría al Juzgado de Guardia", añadió. Pérez aludió a su trayectoria como político y dijo que tenía como "no realizado" el comentario de Soria.
El dirigente del PP afirmó que "el PSC creyó que en todo esto de Megatrubinas iban a encontrar una trama del PP pero se encontraron una trama del propio PSC", en relación a la comparecencia del día anterior del ex consejero del Gobierno, José Francisco Henríquez, que es uno de los imputados en la causa judicial. "Fueron por lana y salieron trasquilados".
PSC: EXISTIÓ UNA 'TRAMA'
Mientras que el argumento principal de Soria ante la comisión fue "aclarar" que Megaturbinas "jamás" se planteó acudir al concurso eólico "porque de todas maneras iba a conseguir la potencia gracias a que su objeto social era investigar e innovar", el PSC quiso demostrar la existencia de una 'trama', calificada así por el propio Soria al inicio de su primer bloque de intervenciones, que el PP habría controlado.
El diputado socialista contradijo el planteamiento del líder popular al señalar que "la asignación de potencia eólica que hubiera recibido Megaturbinas sin concursar se limitaba a un par de años, mientras que a través del concurso hubiera podido operar durante 25 años, por lo que no se sostiene lo que dice Soria", aseguró.
Pérez manifestó al inicio de la sesión que la comparecencia de Soria serviría para puntualizar si existió "alguna" relación entre el Cabildo de Gran Canaria, "ciertos" organismos controlados por esa Administración como el Consejo Insular de Agua y el resto de entidades que participaban en la empresa, como la Fundación de Puertos de Las Palmas, dependiente a su vez de La Autoridad Portuaria de Las Palmas. El diputado socialista se preguntó si "no habría una unidad en la corona" en esas relaciones. "¿No estarán todos esos entes vinculados a un único centro político, bajo la dirección de personas que obedecían una única política de nombramientos y que respondían a un solo proceso de toma de decisiones?"
Soria no llegó a contestar de manera directa a esas observaciones porque en el mismo turno de intervenciones se acumularon las preguntas de Gutiérrez, a las que respondió primero y agotó el tiempo de ese bloque.
ASIGNACIÓN "LEGAL" DE SUELO
Soria defendió el procedimiento por el que el Cabildo de Gran Canaria quiso asignar su suelo a los participantes del concurso eólico. "La corporación insular abrió las puertas a todos los que se presentaron tras fijar un canon rentable sin discriminar a nadie". Paradójicamente, el PSC empleó el mismo argumento para criticar esa actuación.
Pérez insistió varias veces que el cabildo "sólo" podía estimar la máxima rentabilidad del suelo mediante un concurso público, en vez de ofrecer suelo a todas las empresas que resultaran beneficiarias del concurso eólico. "De esa otra manera los solicitantes hubieran tenido que pujar por el precio".
Los socialistas también criticaron la falta de informes técnicos, económicos y jurídicos que avalaran ese método de asignación del suelo público. Soria insistió en la "absoluta legalidad" del procedimiento, que estuvo respaldado por un informe del Servicio de Patrimonio de la corporación. Pérez observó que ese informe "no proviene de un funcionario competente, pues debió ser el interventor del cabildo quien lo elaborara" pero Soria aseguró que la medida fue apoyada por "todos" los grupos políticos en el Consejo de Gobierno del Cabildo.
