BARCELONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
La asamblea general extraordinaria de CatalunyaCaixa ha rechazado este miércoles convertirse en fundación, como estaba previsto para cumplir la ley catalana de cajas aprobada por el Govern, han informado a Europa Press fuentes de la asamblea y de la entidad que agrupa la obra social de las antiguas Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa.
La asamblea, actualmente con 160 representantes, ha rechazado la conversión porque dejarían de estar representados los ahorradores --ahora la Obra Social ya no tiene relación con la entidad financiera Catalunya Banc-- y los trabajadores, según marca la normativa catalana renovada en verano.
Fuentes de CatalunyaCaixa han lamentado que se ha producido una "confusión" entre la entidad financiera y la obra social, y este jueves tomarán decisiones para volver a convocar otra asamblea extraordinaria y definir el futuro de la entidad lo antes posible, ya que el Govern fijó un periodo de adaptación de seis meses, que se cumplirá en enero.
Han añadido que ha habido una "oposición frontal" a no votar nada por parte de muchos miembros de la asamblea, especialmente entre los representantes de los impositores y los sindicatos, aunque desde estos colectivos han apuntado que además muchos portavoces de entidades privadas y fundadoras de las antiguas cajas se han mostrado contrarios a las condiciones de la nueva fundación.
Desde CatalunyaCaixa han insistido en que defienden esta vía de conversión en fundación de carácter especial, pero que en todo caso, tras lo ocurrido este miércoles, en las próximas horas realizarán una "reflexión" y tomarán las decisiones que crean oportunas.
Algunos asistentes a la asamblea han explicado a Europa Press que se han vivido momentos de indignación y algunos asistentes querían abandonar el acto, con lo que podía quedar sin el 'quorum' necesario para continuar, y tampoco ha tenido aceptación la propuesta de votar por partes los detalles de la conversión en fundación.
Entre las protestas de los contrarios a la conversión en fundación destacaba la opinión de la pérdida de peso de la representatividad de los impulsores históricos de la obra social --desde entidades públicas y privadas hasta ahorradores y trabajadores-- y su "privatización" a unas manos nuevas.
IMPERATIVO LEGAL
La normativa catalana establece que las entidades que han recibido dinero público, ya sea porque han sido participadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) o porque forman parte de un Sistema Institucional de Protección (SIP), se deben transformar en fundaciones de carácter especial para preservar su obra social y pierden su condición de entidad de crédito.
La obra social de CatalunyaCaixa cuenta con cinco líneas estratégicas: impulso social --con 10 centros sociosanitarios y 45 espacios sociales--, alimentación, territorio y medio ambiente, educación y cultura; y la última vez que recibió ingresos de la actividad financiera fue para el presupuesto de 2011, que alcanzó los 47,5 millones; ahora, su plan estratégico hasta 2014 contempla 35 millones anuales.
La ley catalana marca que la fundación tendrá como máximo órgano de gobierno un patronato formado por hasta una veintena de miembros, tres cuartas partes de los cuales representarán al sector privado, como entidades fundadoras de las cajas, entidades privadas que aportan recursos, personas de reconocido prestigio propuestas por el patronato o entidades públicas o privadas que promueven actividades similares a las de la obra social.
Asimismo, el patronato tendrá un director general --en el caso de CatalunyaCaixa, la intención es que continúe Marta Lacambra--, sin voto en el órgano de gobierno de la fundación, cuyo mandato no superará los seis años, y deberá contar con un perfil profesional en los ámbitos en los que desarrolla su actividad la fundación.
