Guindos dice que España "ha hecho una pesada pero inevitable digestión" pero "ya está ante la recuperación"
MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el decreto ley de Medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la UE en materia de supervisión y solvencia de las entidades financieras gracias al apoyo de PP, CiU y PNV, y la abstención de PSOE y UPyD.
El debate ha comenzado con la intervención del ministro de Economía, Luis de Guindos, quien ha reconocido que España "ha hecho una pesada pero inevitable digestión" de la crisis financiera, pero ha asegurado que el país "ya está ante la recuperación", que, aunque "frágil", tiene perspectivas de "ir a más".
De hecho, ha mostrado su confianza en que los resultados económicos del cuarto trimestre de este año sean "mejores o al menos iguales" que los del tercero, cuando se salió de la recesión técnica. Y también ha señalado que ya hay indicadores que muestran "una clara mejoría", como el coste de la financiación del Tesoro o los ratios de concesión de crédito.
GRACIAS A LA REFORMA FINANCIERA
Y ello es posible, ha dicho el ministro, en gran parte por la reforma del sector financiero que ha implementado el Gobierno desde el inicio de la legislatura y que ha permitido tener un sector "más transparente y solvente", que genera más confianza en los mercados y con lo que se ha podido romper el "nexo diabólico" entre riesgo financiero y riesgo soberano.
Con el nuevo decreto "fundamental" --que no será el último, según ha avanzado el ministro--, se garantizará que las entidades financieras estén "preparadas para futuras crisis" y que a partir de ahora se guíen "por reglas de gobierno claras donde prevalezca la profesionalidad, la transparencia y la responsabilidad social. Eso hacemos con esta norma".
"Con esta legislación establecemos un marco sólido para el sistema bancario, con mejor cantidad y capital de capital, con una definición homogénea de qué es capital, con una ratio de apalancamiento sencilla para limitar el crecimiento excesivo del crédito, con colchones de liquidez a corto y largo plazo, y con más medidas de transparencia y buen gobierno corporativo", ha insistido, señalando que había que tomar medidas para "evitar que se repitan en el futuro" los "excesos y errores" de los últimos años.
ADELANTARSE A LA DIRECTIVA
De Guindos también ha destacado que este decreto incluye únicamente las medidas "más urgentes" derivadas de la directiva y el Reglamento europeos sobre este asunto, porque deben entrar en vigor el próximo 1 de enero, pero ha recordado que en el segundo trimestre de 2014 se empezará a tramitar un proyecto de ley refundido donde se recogerá la totalidad de la normativa de supervisión y solvencia, incluyendo este decreto, ya que actualmente está "muy dispersa" en varios textos legales.
En esa tramitación "mucho más completa y amplia", Guindos se ha comprometido a negociar con la oposición posibles cambios, porque es importante que esta regulación "dure muchos años", sobre todo en una coyuntura tendente a la unión bancaria europea.
A renglón seguido, ha resumido las principales medidas del texto, que pasan por reforzar el papel del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como supervisor sobre solvencia, reparto de beneficios o pruebas de resistencia; por novedades en el gobierno corporativo, como límites a las retribuciones; y por cambios en el régimen jurídico de las entidades de inversión.
Asimismo, se deroga el requisito de capital principal impuesto con el rescate europeo a la banca, se aplica de forma definitiva el sistema de reparto de las pérdidas en caso de reestructuración o resolución, se "facilita" la absorción del deterioro de los fondos propios del FROB, se posibilita la no subordinación de los créditos de la Sareb en un posible concurso de acreedores y se amplía el plazo para que los ayuntamientos se puedan acoger al plan de pago a proveedores.
No obstante, el aspecto principal del decreto es la modificación normativa sobre los activos fiscales diferidos (DTA, por sus siglas en inglés) para que sigan siendo capital de máxima calidad y evitar así "desventajas" competitivas de las entidades españolas respecto de las de otros países, que conllevarían una mayor contracción del crédito.
"Dejar claro que no prevemos que esto suponga una merma significativa en los ingresos públicos, porque la garantía adicional de estos activos sólo se ejecutará en casos muy improbables", ha subrayado el ministro, asegurando que con esto "no se hace un favor a nadie" y que el impacto a corto plazo en el déficit y la deuda no será "significativo".
LA "PARADOJA DE GUINDOS"
El socialista Valeriano Gómez, que ha aprovechado el turno en contra para pedir al Gobierno transparencia y negociación, comparte parte del texto aunque discrepa de algunos aspectos como la limitación del reparto de dividendos, que debería ser "más dura y duradera", o la falta de medidas para garantizar que aumenta el crédito, que no se restablece pese a las "ingentes ayudas públicas" otorgadas al sector.
No obstante, son los cambios fiscales sobre las DTA los que más suspicacias le generan. "Es la paradoja De Guindos: convertir en capital regulatorio lo que el año pasado convertíamos en provisiones", ha resumido, reclamando al ministro "más transparencia" sobre las consecuencias de esta medida en el déficit y la deuda públicas.
El portavoz económico de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Alberto Garzón, ha criticado la "falta de homogeneidad" del decreto, con algunos elementos "incluso positivos aunque no sean grandes soluciones" pero también otros que rechazan, como "otra ayuda más a los bancos a cargo del Estado", una "discriminación" positiva "incondicional" que no se hace con familias y empresas; o el "asalto democrático" de considerar a los plenos municipales un "obstáculo" que el alcalde se puede saltar para aplicar planes de ajuste.
Álvaro Anchuelo, de UPyD, ha reconocido no tener "ningún problema" con la parte del decreto que traspone la directiva en materia de supervisión o retribuciones, pero ha criticado que se "amplíe el rescate bancario potencialmente por valor de 30.000 millones de forma vergonzante, envuelta en tecnicismos y de espaldas a la ciudadanía" a través la regulación de activos fiscales diferidos, que ni siquiera impone condiciones a los beneficiarios.
"COJA LAS RIENDAS" DEL CRÉDITO
El portavoz de Economía de CiU, Josep Sánchez Llibre, ve positivo el avance en la reforma financiera --los nacionalistas catalanes han apoyado la mayoría de reformas financieras planteadas por el Gobierno-- que supone este decreto ley, y acepta además que se puedan dar recursos públicos para conseguir esta reestructuración del sector bancario, aunque ha insistido en que hace falta aún dar un paso más y conseguir que "fluya el crédito". "Es necesario que el ministro coja las riendas de esta situación", ha instado.
El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, ve "importante y urgente" la trasposición de la directiva europea, pero cree que el Gobierno "aprovecha de nuevo para incluir temas que no son de estricta urgencia". Por eso, ha ofrecido su voto a favor "sólo si el Gobierno se compromete a negociar de verdad algunos aspectos".
Finalmente, el 'popular' Vicente Martínez-Pujalte se ha mostrado convencido de que se "llegará a acuerdos" porque la voluntad del PP es "hablar y llegar al máximo consenso posible en un tema de gran interés". "Es verdad que la crisis financiera ha provocado una crisis social importante. Pero atendiendo sólo a la herida y no a lo que la ha producido no se resuelve nada. Por eso, porque hay que ir a la raíz del problema y contar con un sistema financiero solvente", ha añadido el diputado del PP, recordando que "muchos problemas del país tuvieron su origen cuando el PSOE era Gobierno".
