MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las gestoras españolas podrán gestionar fondos domiciliados en otros Estados miembros, del mismo modo que las sociedades de otros países podrán hacer lo mismo con los productos domiciliados en España, tras la aprobación de la reforma de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
En concreto, el Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley por el que se modifica la citada norma para adaptarla a la directiva europea sobre organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios.
Esta modificación legal también sirve para incorporar al ordenamiento jurídico parte de las nuevas competencias que asume la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) y que forman parte del llamado 'Paquete de Supervisión Financiera Europea' (Directiva "Omnibus I").
La reforma también contempla la simplificación del régimen de comercialización transfronteriza. De este modo, se agiliza el acceso a otros mercados mediante la reducción de los plazos disponibles para que las autoridades competentes lleven a cabo las notificaciones, así como la supresión de la necesidad de comunicación de la institución de inversión colectiva a la autoridad competente del Estado miembro de acogida.
La tercera novedad es el establecimiento del instrumento "datos fundamentales para el inversor", que sustituye al anterior folleto simplificado y que armoniza a nivel europeo este documento para hacer comparables los fondos y sociedades de inversión de cualquier Estado miembro.
Además, fortalece las potestades supervisoras de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y los mecanismos de cooperación, consulta e intercambio de información entre las autoridades competentes.
La reforma aprobada este viernes por el Consejo de Ministros, para cuya tramitación parlamentaria se ha solicitado el procedimiento de urgencia, incorpora las novedades introducidas en los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (más conocidos como UCITS, por sus siglas en inglés) por la Directiva comunitaria sobre esta materia.
Adicionalmente, la Ley incorpora modificaciones relevantes para aumentar la competitividad del sector de inversión. La novedad más importante es que permite utilizar cuentas globales para la comercialización en España de fondos domiciliados en nuestro país.
En esa misma línea de refuerzo de la competitividad se reducen determinadas cargas administrativas. Por ejemplo, elimina el requisito de la verificación previa para el registro en la CNMV de las modificaciones en los folletos de las sociedades de inversión.
DIRECTIVA OMNIBUS I.
El Proyecto de Ley incorpora al ordenamiento jurídico español ciertos ajustes necesarios para cumplir con las previsiones contenidas en materia de instituciones de inversión colectiva en la Directiva "Omnibus I", dentro del conocido como "Paquete de Supervisión Financiera Europea".
Una vez constituidas las autoridades financieras europeas, se lleva a cabo los ajustes necesarios en los ordenamientos de los Estados miembros para que dichas autoridades, en coordinación con las nacionales, desarrollen su labor supervisora con la máxima eficacia.
En el Proyecto de Ley se incluye a la Autoridad Europea de Valores y Mercados como autoridad a la que la CNMV debe remitir determinada información, no sólo en el marco de la cooperación entre supervisores, sino también en relación con las denegaciones de autorizaciones de determinadas instituciones de inversión colectiva y a sociedades gestoras.
También se recoge la posibilidad de mediación vinculante por parte de la Autoridad Europea de Valores y Mercados en determinados casos de confluencia de autoridades competentes de distintos Estados miembros.
