Se alargan en dos años los mandatos de los presidentes de las cajas, lo que permitirá prorrogar el mandato de de Fornesa en 'La Caixa'
BARCELONA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Parlament de Catalunya aprobó hoy por unanimidad en el último pleno de la legislatura la reforma de la ley de cajas de ahorros, que alarga los mandatos de los presidentes y consejeros de cuatro a seis años, en línea con la normativa estatal, lo que abrirá la puerta a prorrogar la presidencia de Ricard Fornesa en 'La Caixa' dos años más a partir de 2007. ERC fue el único grupo que mantuvo enmiendas, que fueron rechazadas por el resto de grupos.
La ley modifica 10 de los 53 artículos de la ley actual con la pretensión de reforzar el modelo catalán de cajas, por lo que por primera vez se delimitan las funciones de los presidentes de estas entidades, que se circunscribirán únicamente a ejercer de máximos representantes de la institución y presidentes del consejo de administración.
Además, se establece, también por primera vez, que la entidad pueda decidir que el cargo de presidente esté retribuido, de tal forma que no tenga que compatibilizar sus funciones con la participación en órganos de gobiernos de otras empresas. A instancias de CiU, el texto elimina cualquier duda sobre el carácter no ejecutivo de los presidentes de las cajas, fortaleciendo así las funciones de los directores generales.
La norma establece que las cajas destinen obligatoriamente una parte "equilibrada y significativa" de sus resultados --una vez descontadas las reservas-- a obra social. La reforma no establece una cantidad mínima o máxima y será la Generalitat, en ejercicio de sus funciones de protectado, la que acordará con cada entidad el establecimiento concreto de una cantidad.
La nueva normativa obligará a las cajas a nombrar para sus órganos de gobierno exclusivamente a entidades "con representatividad social y económica en el territorio", frente a la indefinición de la actual ley. Estas entidades tienen por derecho ahora el 30% de la representatividad en los órganos de gobierno, frente al 40% de los impositores, el 20% de los trabajadores y el 10% del gobierno local, porcentajes que no se alterarán.
El objetivo es evitar que entidades que nada tienen que ver con el mundo económico del territorio donde opere la caja tengan un puesto reservado como consejeros en la asamblea o vocales en el consejo de administración, explicaron los citados medios.
La ley plantea limitaciones a la figura de las fundaciones gestoras de la obra social, para que no realicen una actividad distinta a ésta, con el fin de que no se desnaturalicen o no cumplan con sus fines.
El diputado de ERC Sergi de los Ríos defendió las enmiendas de ERC en este terreno en las que reclaman que el Parlament pueda nombrar representantes en las asambleas que tengan como mínimo una implantación en el 90% de las comarcas catalanas.
Así, se pretende que la Cámara catalana pueda designar al 20% de los miembros de los consejeros generales de la asamblea, el 10% correspondan a representantes de entidades y personas fundadoras, el 20% a ayuntamientos y corporaciones locales en las que esté ubicado domicilio de la entidad financiera, el 25% para impositores, el 15% para representantes directos del personal de la caja y el 10% para entidades cívicas.
Las dos enmiendas restantes hacían referencia a compromisos del Pacto del Tinell en materia de cajas que estipula que se establecerá "un mínimo obligatorio en la obra social congruente con la viabilidad financiera de las entidades" y se reforzarán los órganos responsables de velar por este aspecto". En cualquier caso, ERC señaló que la ley requerirá de una reforma integran en la próxima legislatura.
