Gescartera.- (Ampliación) El juicio oral por el escándalo financiero de Gescartera queda visto para sentencia

Actualizado: martes, 18 diciembre 2007 11:22

Camacho afirma que la agencia estaba en venta cuando fue intervenida y que los empleados no lo sabían

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El juicio por el escándalo financiero de Gescartera quedó hoy visto para sentencia tras tres meses de vista oral. La sentencia se hará pública durante la primera quincena del próximo mes de marzo, según informó el tribunal de la Sala Cuarta de la Audiencia Nacional que juzga el caso.

Las instalaciones de la Audiencia Nacional, situadas en la Casa de Campo de Madrid, acogieron las 39 jornadas de la vista oral donde se ha juzgado a 14 personas por el presunto desvío de 50,22 millones de euros por parte de los responsables de la agencia de valores, según el Ministerio Fiscal.

El propietario de la agencia de valores y principal acusado, Antonio Camacho, afirmó hoy durante su turno de última palabra que Gescartera estaba en venta cuando fue intervenida el 14 de junio de 2001 y que los empleados "no lo sabían".

Camacho acusó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de frustrar la venta de una empresa que "era viable" e iba a convertirse en una de las mayores agencias de valores del mercado español. "Aquí no debía estar nadie", concluyó Camacho defendiendo la "buena fe" de sus empleados y pidió al tribunal que refleje todos estos aspectos en la sentencia.

El principal acusado explicó que existía un "compromiso" de venta a través de la sociedad Martin Investments domiciliada en Delaware (Estados Unidos), donde supuestamente se encontraba el dinero de los clientes cuando fue intervenida. Gescartera iba a ser adquirida por un comprador "extranjero" por valor de "una peseta". Éste asumiría el pasivo de la empresa y así "se aclararía el problema", afirmó.

Camacho explicó que los cheques librados por la sociedad Hari 2000 por valor de 27 millones de euros y depositados en 'La Caixa' eran para financiar la venta. El intermediario de la venta era el empresario iraní Massoud Zandi y la gestión de la operación la iba a asumir el Banco Zaragozano. "Por eso me reuní con Alberto Cortina en su casa", afirmó Camacho.

El propietario de Gescartera ratificó así el argumento de la venta expuesto ayer por la defensa de las empresas que formaban Gescartera Holding y que se escuchó por primera vez en la sala tras tres meses de vista oral. Fuentes cercanas a Cortina negaron ayer, en declaraciones a Europa Press, la versión de Camacho. La Fiscalía pide para el acusado 11 años de prisión por presuntos delitos de apropiación indebida y falsedad documental.

ÚLTIMAS PALABRAS.

La presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna, afirmó que después de la celebración del juicio "está más convencida de su inocencia" y de que está presente en la causa por "ignorancia" y "falta de preparación".

Por su parte, el "número dos" en la agencia de valores, José María Ruiz de la Serna, ratificó su inocencia y la de "los empleados" y afirmó que "con los números en la mano", desde 1998 hasta 2001, los clientes recibieron alrededor de 13,8 millones de euros. El principal comercial, Aníbal Sardón, ratificó su inocencia y destacó su función única de comercial.

El asesor fiscal de Gescartera, Julio Rodríguez Gil, desmintió la versión de Camacho a quien acusó de "engañarle", y afirmó que es "absolutamente mentira" que los cheques de Hari 2000 cubrieran los 27 millones de presunto desfase que existía a finales del año 2000.

El informático Miguel Ángel Vicente declaró que desde la intervención de Gescartera ha sido "muy difícil vivir estos años con la fe de que quedase probada su inocencia". El último en hablar fue el supuesto testaferro Carlos Ortín Barrón, quien denunció haber sido "víctima" de una "suplantación de identidad" que le ha reportado numerosos problemas fiscales. Ortín calificó la versión de la Fiscalía de "historia ni creíble ni defendible". El resto de acusados no ejercieron su derecho a la última palabra.

La Fiscalía pide once años de cárcel para Ruiz de la Serna y el principal comercial de la entidad Aníbal Sardón. Les siguen la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna, el consejero Francisco Javier Sierra de la Flor y el informático Miguel Ángel Vicente González, para los que reclama ocho años de prisión. También están acusados la administradora de AGP Inmaculada Baltar, el asesor Agustín Fernández Ameneiro, el asesor fiscal Julio Rodríguez Gil, el testaferro Carlos Pascual Ortín y los empleados de 'La Caixa' José Alfonso Castro y Miguel Carlos Prats.

El fiscal, Vicente González Mota, retiró la acusación contra Laura García Morey y la contable de Gescartera, Ángeles Leis. La mayoría de las acusaciones particulares mantuvieron la imputación contra ellas.

El tribunal estuvo presidido por Carmen Paloma González y compuesto por Juan Francisco Martel y Ángeles Barreiro. En el juicio estuvieron personadas 40 acusaciones, el Ministerio Fiscal, Caja Madrid Bolsa y 'La Caixa' como responsables civiles subsidiarios, partícipes a título lucrativo y perjudicados, lo que sumaron un total de 100 partes personadas. El sumario ocupó más de 50.000 folios y durante las sesiones declararon alrededor de 100 testigos.

Por su parte, la presidenta del tribunal, Carmen Paloma González, alabó el "buen ambiente" que ha existido durante la celebración del juicio. González matizó que en la apertura del juicio "no se ha tenido en cuenta el nombre de nadie", la juez se refirió así a la "arbitrariedad" con la que se determinó la lista de los acusados denunciada por algunas defensas. "A partir de ahora el tribunal dará a cada uno lo suyo", concluyó.