MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
La abogada defensora de las sociedades que formaban el Holding Gescartera, Marta Galvis, afirmó hoy que la actuación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) frustró la venta de Gescartera, durante la exposición en juicio oral de su informe de conclusiones.
La letrada explicó que Antonio Camacho tenía "cerrada" la venta de la agencia de valores a principios de 2001 sin precisar quién iba a ser el comprador. La abogada declaró que el Banco Zaragozano "iba a canalizar" la llegada de los fondos desde el extranjero y la posterior venta y que por esta razón, Camacho cenó en casa de Alberto Cortina días antes de la intervención.
La venta fue también lo que motivó la reunión mantenida tras la intervención del 14 de junio de 2001 en el hotel Villamagna de Madrid convocada por la mujer de Camacho, Laura García Morey y en la que se encontraba el empresario hispano iraní Massoud Zandi, que actuaba como "interlocutor" en la venta.
La letrada calificó la actuación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de "ligera y oportunista". Según explicó, Antonio Camacho comenzó en 1999 a negociar un crédito para la financiación del desfase, la creación de una sicav en Luxemburgo "a propuesta" del HSBC y la conversión de la sociedad de carteras en agencia de valores con la intención de "vender la empresa" a causa de la "depresión" que sufría por la enfermedad y posterior fallecimiento de su padre, Antonio Camacho Friaza.
Galvis argumentó que el préstamo nunca llegó a materializarse "por la actuación" de la CNMV y que a raíz de esta negativa la sicav no se llegó a constituir. Todo ello provocó que el dinero para cubrir los 27 millones del desfase patrimonial detectado no llegaran a 'La Caixa', donde Camacho había depositado tres cheques por dicho valor.
Según afirmó, el organismo regulador no se preocupó de comprobar con los bancos la documentación entregada por los responsables de la agencia de valores y que "nunca prohibió" a Gescartera seguir realizando operaciones bursátiles de riesgo.
Galvis declaró que "era cierto" el desfase de patrimonial de 27 millones de euros detectado por la CNMV en su informe a fecha de 30 de noviembre de 1998 y que ningún técnico del supervisor "ha podido explicar las causas del desfase" ni controló el cumplimiento de las medidas cautelares impuestas tras el conocimiento del agujero patrimonial.
