No ve perjuicio a la economía nacional después de que la juez de Instrucción número 45 se inhibiera a la Audiencia Nacional
MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz devolverá a los juzgados de Plaza de Castilla la causa que se sigue contra el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y su antiguo 'número dos' Ildefonso Sánchez Barcoj por posibles irregularidades en las retribuciones que percibieron los directivos de la entidad entre 2007 y 2008 y que causaron un perjuicio de 14,8 millones de euros, según calcula el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
El magistrado justifica su decisión en que los hechos denunciados por el fondo de rescate no han tenido repercusión en la economía nacional, no afectan a la seguridad del tráfico mercantil ni han causado un perjuicio patrimonial a una generalidad de personas del territorio nacional, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Pedraz ha adoptado esta resolución después de que le tocara por reparto el caso del que se inhibió a favor de la Audiencia Nacional la titular del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid, Mónica Aguirre de la Cuesta.
El fiscal Anticorrupción Conrado Sáiz solicitó recientemente al juzgado ordinario de Madrid que impulse esta investigación, que permanece paralizada desde diciembre de 2014 cuando el caso fue denunciado por el FROB. Desde entonces, no se han efectuado diligencias ni citado a declarar como imputados a Blesa ni a quien fuera su director financiero Sánchez Barcoj.
QUERELLA DEL FROB
El FROB, organismo dependiente del Ministerio de Economía, presentó una querella por estos hechos basándose en un expediente de la caja madrileña en el que se analizaban cuatro tipos de actuaciones concretas en las que los altos directivos pudieron cobrar "percepciones excesivas". En algunos casos, no existió además constancia del cumplimiento de trámites como el
paso por los órganos de gobierno.
En concreto, el FROB subrayaba en su informe que en 2008 se aplicó a los miembros de la alta dirección de Caja Madrid una subida salarial "significativamente mayor" que la debida, que algunos casos llegó a superar el 26%. Para este incremento se tomaba supuestamente como referencia una masa salarial mayor que la realmente existente en ese momento.
En cuanto a la retribución fija de esos directivos en tanto han estado vinculados a la entidad, indica que ha supuesto una posible percepción "indebida" para esas personas de algo más de 2 millones en conjunto y subraya que estos incrementos sirvieron de base para el cálculo de indemnización posteriores.
Por su parte, el salario variable de la alta dirección de Caja Madrid arrojaba un posible ajuste por "exceso de percepciones" de 1,8 millones ante el exceso de incremento salarial del punto previo, la ausencia de documentación que soportara la fijación de objetivos y el grado de cumplimiento de los mismos en el período comprendido entre 2008 y 2010.
Los informes también han detectado prácticas supuestamente irregulares en las aportaciones de los planes de pensiones. El FROB sospecha que se sustituía la parte que excedía del máximo deducible en el IRPF por una gratificación extraordinaria para los miembros de la alta dirección.
Esta gratificación se elevaba al bruto con el fin de que una vez practicadas las correspondientes retenciones se evitara el impacto fiscal a sus perceptores. Esta práctica ha podido suponer un perjuicio patrimonial de 1,84 millones de euros.
Finalmente, el Fondo de Reestructuración detectó posibles irregularidades en la extinción de varios contratos de altos directivos, así como en los pagos que se realizaron en conceptos como pacto de no recurrencias, bonus o indemnizaciones, especialmente entre 2009 y 2010. Estas prácticas podrían suponer un perjuicio económico para Caja Madrid de 9,1 millones de euros.
A la querella del la Fiscalía se suma la que presentó un mes después, el 13 de febrero de 2015, Manos Limpias contra Blesa y otros diez directivos por delitos de apropiación indebida continuada o, en su defecto, administración desleal continuado contra los miembros del Comité de Dirección.
Manos Limpias acusó a Blesa y a los exdirectivos Matías Amat, Juan Astorqui, Carmen Contreras, Ramón Ferraz, Carlos María Martínez, Ricardo Morado, Mariano Pérez, Ildefonso Sánchez Barcoj, Rafael Spottorno y Enrique de la Torre.
