MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los expertos en materia tributaria apuestan por una reforma fiscal que mejore la seguridad jurídica, simplifique el sistema y reduzca la presión fiscal a empresas y particulares, según el consenso fiscal del primer semestre elaborado por PwC Tax and Legal Services.
En concreto, el 78% de los encuestados asegura que la seguridad jurídica del sistema tributario es baja o muy baja, mientras que un 88% cree que el sistema es "complejo o muy complejo". De hecho, la coexistencia de varios niveles tributarios (estatal, autonómico y municipal) es considerada por el 77% como perjudicial y solo un 2% cree que es ventajosa.
Así, el 61% de los consultados cree que en España hay que dedicar más tiempo que en el resto de países del entorno a cumplir con las obligaciones fiscales, mientras que el 74% considera que la influencia de la normativa tributaria en la toma de decisiones empresariales es alta o muy alta y el 68% asegura que es poco o muy poco atractiva para el fomento de la actividad empresarial.
Por otro lado, el 80% de los encuestados cree que la presión fiscal en España es alta o muy alta y un 70% estima que seguirá aumentando en los próximos doce meses. Esta opinión sigue siendo mayoritaria al hablar tanto de la que soportan las empresas (70%) como las rentas del trabajo (96%).
El 72% asegura que el sistema fiscal actual es nada o poco favorecedor de la inversión empresarial y el 46% tiene una visión pesimista sobre el papel de los impuestos en la internacionalización de las empresas y en la atracción de la inversión extranjera (47%). En general, más de la mitad de los encuestados prevé que estos aspectos no variarán significativamente en los próximos doce meses.
Respecto al funcionamiento de la Administración en materia tributaria, los encuestados consideran que su nivel de información y asistencia a los contribuyentes es alto o muy alto. Sin embargo, un 79% estima que las inspecciones tributarias son favorables o muy favorables a la posiciones de la Administración y el 85% dice que la conflictividad fiscal es alta o muy alta.
Precisamente, los expertos señalan la necesidad de mejorar los sistemas de resolución de conflictos que ofrece el ordenamiento jurídico español y que mayoritariamente (65%) califican como poco o nada efectivos y un 75% estima que serían positivas o muy positivas las instancias arbitrales en el derecho español.
Finalmente, los panelistas no tienen una posición unánime sobre el balance entre impuestos directos e indirectos. Así, un 53% cree que los primeros deberían tener más peso, mientras que un 47% se inclina por la imposición indirecta.
