Economía/Fiscal.- Inspectores de Hacienda piden excluir del control a empresas en quiebra porque es muy difícil cobrar

Actualizado 21/11/2008 14:12:04 CET

Ven "poco ambicioso" el nuevo plan de prevención y reclaman que el IEF haga un estudio sobre el nivel de economía sumergida

VALENCIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado propone excluir de la inspección a empresas en concurso de acreedores porque, dada su situación de quiebra, es prácticamente imposible cobrar después las deudas liquidadas.

Así lo manifestó hoy el secretario de la Organización, Francisco de la Torre, con motivo del XVIII Congreso Nacional de los Inspectores de Hacienda, que se clausura hoy en Valencia.

Según De la Torre, es preciso también "reformular" el porcentaje de recursos de inspección, que son "muy escasos", dedicado al control inmobiliario, porque muchas liquidaciones que se practican a estas empresas no se podrán cobrar por la situación de dificultades de muchas de ellas.

Para De la Torre, el cobro de las liquidaciones es una de las "asignaturas pendientes" de la Agencia Tributaria, por lo que es preciso reevaluar los criterios que se siguen ahora tanto con las empresas en quiebra como con las pertenecientes al sector inmobiliario, dado que debido a la situación de crisis por la que atraviesan, es muy difícil que se cobren las deudas liquidadas, que debería ser el fin último de la Inspección.

En concreto, indicó que entre el 25% y el 30% de la deuda liquidada está pendiente de cobro y ahora, con la situación de crisis económica, es muy posible que aumente la morosidad. "Para incrementar los porcentajes de cobro es necesario tener presente la idea de la recaudación desde el principio de la actividad de control tributario", subrayó.

En esta misma línea, señaló que la actual situación de crisis económica exige que se sea "más riguroso" con los contribuyentes defraudadores para evitar la "competencia desleal" que realizan a los que cumplen, pero, por otra parte, evitar "agobiar" a los ciudadanos, "asfixiándolos con un incremento de la presión fiscal indirecta". "Cualquier incremento de la misma debe ser contemplado con sumo cuidado", reiteró.

LA CRISIS ELEVA EL FRAUDE FISCAL.

De la Torre señaló que la desaceleración del crecimiento económico está llevando también a un incremento del fraude fiscal, especialmente en impuestos como el IVA y el de Sociedades. Así, recordó que las empresas aumentaron su beneficio un 15% en 2007, mientras que la recaudación disminuyó un 35%. "Ello indica que nuestro sistema coercitivo y de sanciones no está adaptado a una época de crisis", añadió.

Pese a las dificultades añadidas que va a suponer la crisis económica en las actuaciones de control del fraude, De la Torre rechazó la posibilidad apuntada desde ciertos sectores de conceder una amnistía fiscal. En su opinión, plantea un problema de justicia con el contribuyente que cumple y el coste a pagar a largo plazo es muy elevado porque, de alguna manera, se está desincentivando el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Ante este panorama, De la Torre afirmó que la actualización del Plan de Prevención del Fraude que ayer presentó el Ministerio de Hacienda es "poco ambicioso", ya que se limita a proponer alguna reforma organizativa "menor" y, además, viene acompañado de un menor presupuesto de la Agencia Tributaria para 2009 (casi un 3% menos), por lo que "lo único que puede esperarse es un absoluto fracaso del mismo".

NUEVO PLAN INSUFICIENTE.

De la Torre, que se quejó también de que no se haya consultado al conjunto de los, inspectores su elaboración y que se haya hecho en "despachos blindados", declaró que se trata de una revisión "insuficiente", que pretende atacar la lacra del fraude fiscal "con menos medios, sin reformas legales y sin las reformas organizativas y necesarias" en otros organismos, como los tribunales de Justicia.

Sobre la medida concreta de informar acerca de los movimientos en efectivo superiores a los 3.000 euros, consideró que se trata de una propuesta positiva y que va en la buena dirección, pero indicó que es insuficiente y que no ayudará mucho a atajar la economía sumergida.

Frente al plan del Gobierno, la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado ha vuelto a reiterar un conjunto de propuestas que creen absolutamente necesarias para mejorar el control del fraude. La primera de ellas contempla la idoneidad de que el Instituo de Estudios Económicos, dependiente del Ministerio de Hacienda, elabore un informe sobre el nivel de economía sumergida que existe en España, con la participación de expertos públicos y privados, y con la colaboración de los profesionales de la labor inspectora.

También proponen la reforma del delito fiscal, de tal manera que lleguen a los tribunales únicamente los casos más graves y que lleven aparejados penas de cárcel, con el fin de desatascar los expedientes que existen ahora. Actualmente, De la Torre indicó que las actuaciones enviadas a los juzgados por delito fiscal superan se acercan a 6.000 millones de euros, que están pendientes de cobro por la Agencia Tributaria.

Por todo ello, piden incrementar la pena de prisión de los casos más graves de 4 a 6 años, así como aumentar el plazo de prescripción penal para perseguir los delitos de 5 a 10 años, petición que está recogida ya en la reforma del Código Penal que acaba de aprobar el Gobierno. También creen positivo que el nuevo Código contemple el cobro de la deuda por anticipado, antes de que resuelvan los juzgados.

CREACIÓN DE LA POLICÍA FISCAL.

Los inspectores demandan, asimismo, la creación de una Policía Fiscal, en la que se integrarían unidades especializadas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, junto con unidades operativas de Vigilancia Aduanera. De hecho, De la Torre explicó que entre 2004 y 2008, este departamento de la Agencia Tributaria ha actuado como Policía Fiscal en unas 30 operaciones.

Además de la especialización en materia fiscal de jueces y fiscales, otra de las recomendaciones de los inspectores de Hacienda es la reforma del régimen sancionador, con el fin de que las infracciones más graves sean sancionadas con multas inmediantamente ejecutivas. De la Torre explicó que en la actualidad hay sanciones que tardan en cobrarse una década, por lo que pierden su eficacia disuasoria.