La mayoría de los encuestados por PwC pide simplificar el Impuesto de Sociedades y eliminar los de Patrimonio y Sucesiones
MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -
Expertos, empresarios y directivos se oponen a una subida de impuestos como vía para compensar el aumento de la deuda pública generado por la pandemia.
En su lugar, piden medidas de ajuste del gasto público corriente, potenciar la lucha contra el fraude fiscal y una reducción de las deducciones, bonificaciones y de los tipos reducidos de distintos impuestos, según las conclusiones del Infome de Consenso Económico, correspondiente al segundo trimestre de 2021, elaborado por la firma PwC.
Así pues, el 68,3% se muestra contrario a un incremento generalizado de los impuestos, el 75% a un aumento en la tributación de las rentas salariales y el 76,9% a una subida de las cotizaciones sociales.
Además consideran que el incremento de la recaudación debería venir del ajuste del gasto público corriente -según el 76,5%-, de una lucha eficaz contra el fraude fiscal -según el 73,1%-, y de una reducción de las deducciones, bonificaciones y de los tipos reducidos de distintos impuestos -según el 46,2%-.
Cuando se les pregunta por el Impuesto sobre Sociedades, los expertos creen que su reforma debería concentrarse en su simplificación (58,3%) y que la actuación comprobadora de la Agencia Tributaria debería centrase en los grupos internacionales y en las sociedades pantalla y vehículos de inversión muy endeudados. Un 46,6% de los entrevistados afirma que el Impuesto sobre Sociedades debería reducir su tipo hasta la media existente entre los países de la Unión Europea.
En esta línea, el 77,7% califica como "adecuada" la reciente propuesta del G-7 para establecer una tasa mínima mundial de este impuesto, aunque el consenso es menor entre los que piensan que esta iniciativa acabará materializándose (57,3%) y los que no (42,7%). De hecho, un 41,8% cree que no debería avanzarse en una reforma del Impuesto sobre Sociedades sin que, previamente, haya un marco común con la UE.
Además, los expertos son mayoritariamente partidarios de la supresión del Impuesto sobre Sucesiones (56,3%) y del Impuesto sobre el Patrimonio (57,3%) en España. Además, el 41,6% estima que la próxima reforma fiscal debería limitar la autonomía normativa de las comunidades autónomas en materia tributaria, el 36,6% considera que tendría que dejarse tal y cómo está y el 21,8% que debería extenderse. Respecto al IVA, el 49% se opone a la eliminación de los tipos reducido y superreducido y solo un 14,7% se muestra a favor.
En cuanto la fiscalidad medioambiental, el 65,4% está de acuerdo con la visión de la Comisión Europea de potenciar un sistema de impuestos que desaliente el consumo medioambiental insostenible. Y un 45,2% afirma que no contamos con un sistema de tributación suficiente sobre actividades productivas contaminantes.
CAMBIOS EN EL SISTEMA DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS, INCLUIDOS COPAGOS
El cuestionario plantea a los expertos, dado el crecimiento del endeudamiento público, la idoneidad o no de aplicar distintos sistemas de contraprestación económica por el uso de determinados servicios públicos. En general, los encuestados consideran (el 52,9%) que el actual sistema de tasas y precios públicos no es suficiente y creen que debe cambiarse.
Sin embargo, son más partidarios (44,2%) de la existencia de copagos en los servicios médicos públicos y en los medicamentos, y menos (28,9%) en la fijación de tasas por el uso de las carreteras o las autovías o en los servicios educativos (29,8%).
CRÍTICOS CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
Por último, los expertos, empresarios y directivos son críticos con el papel del Tribunal de Cuentas: el 56,3% considera que no ha cumplido con su papel de censor efectivo y cree que debería sustituirse por una sala de cuentas en el Tribunal Supremo, verdaderamente independiente.
Además, un 59,2% coincide en que cualquier iniciativa fiscal de los gobiernos central, autonómico o local debería ser valorada e informada por un organismo independiente.
Por último, el 61,2% afirma que el precepto de estabilidad financiera de las cuentas públicas no está acompañado de una normativa sancionadora que limite suficientemente su incumplimiento.
