MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
tiene previsto comenzar con normalidad hoy el juicio contra los
procesados de la "operación Temple", sin la presencia del fugado
Carlos Ruiz Santamaría, alias "Carlos, el Negro".
Para él, la Fiscalía Antidroga pedía, en su escrito de
calificación provisional, la pena más alta de la solicitada para los
38 procesados, 60 años de cárcel y 414,7 millones de euros (69.000
millones de pesetas). La fiscal adscrita al caso, Dolores Delgado,
solicita la misma pena para Alfonso León, quien sí será juzgado junto
con otras 36 personas, para las que pide condenas que oscilan entre
50 años y 10 meses de cárcel, y 14 años; y multas de entre 414,7
millones de euros y 12,02 (2.000 millones de pesetas).
Según el escrito del Ministerio Público, desde antes de julio de
1999 operaba en España un grupo de ciudadanos españoles y colombianos
dedicado al transporte de ingentes cantidades de cocaína para su
posterior distribución en España, Reino Unido e Italia.
Esta organización se hallaba integrada en otra, cuyo centro de
operaciones se encontraba en Colombia. En total se ha cifrado en
52.000 kilos de droga los que la red pudo distribuir desde el
comienzo de sus actividades, al haberse calculado que introducía unos
1.000 kilos cada quince días.
La organización colombiana "comisionó" a Carlos Ruiz Santamaría
para que se trasladara a España en 1998. Su labor consistía en
recibir directamente sus instrucciones y coordinar los desembarcos y
la distribución de la droga.
El primer alijo que se imputa a los acusados consiste en 6.400
kilos de cocaína, que fueron transportados por el barco Koei Maru 7.
De la coordinación del envío se encargaron Ruiz Santamaría y el
también colombiano Alfonso León, que coordinaba el grupo en España y
se encargaba de la contabilidad del dinero y de la droga, así como de
su distribución. En esta labor era ayudado por su compañera, Ana Rosa
Caneiro.
Para distribuir la droga, Ruiz Santamaría y León buscaron a otra
organización que contase con medios marítimos para encargarse del
traslado a tierra desde los buques nodrizas enviados desde
Sudamérica. Los grupos elegidos fueron los liderados por Manuel Juan
Lafuente y Francisco Javier Martínez Sanmillán, quien fue condenado
en la "operación Nécora" y se encuentra en rebeldía. Por su parte,
Ana Garrido reclutó al grupo gallego que se iba a encargar de las
labores que había que realizar en tierra, como desembarcar y ocultar
la droga.
Se trataba de José Manuel Vila Sieira y José Manuel Rodríguez
Sanisidro. Ellos fueron los encargados de ocultar en una casa en
construcción, en Pobra do Caramiñal, el cargamento del Koei Maru 7.
Por su labor se quedaron 1.940 kilos.
El encargado de la contabilidad de la organización era Diego
Fernández Duque Pérez, quien actuaba a las órdenes directas de Ruiz
Santamaría y León. En su labor, en un nivel inferior, le ayudaban
Juan Riaño y su asistente, Virginia de los Ríos Sanmillán. Por su
parte, Sigifredo Quintero y su colaborador, Domingo Andrés Fernández,
eran los encargados de buscar locales y viviendas en las que ocultar
la droga, así como de distribuirla entre intermediarios.
La organización también contaba con una entidad, la Sociedad
Iberoamericana de Alimentación, constituida por Carlos Arturo López
Jaramillo y José Ariel Jaramillo, para dar cobertura a las ilícitas
actividades desarrolladas y lavar el dinero obtenido. El encargado de
ocultar en Madrid la droga era Balbino López Hernández, quien en el
momento de su detención ofreció a los policías 25 millones de pesetas
si le permitían hacer una llamada. Como no lo consiguió, se pudieron
encontrar en un chalé de la localidad madrileña de Batres 208 kilos
de heroína de gran pureza.
El tercer alijo que se les imputa fue el intervenido en el buque
Tammsaare, en julio de 1999. En el interior de la nave, que viajaba
con tripulación procedente de Rusia y Estonia, se encontraron 6.540
kilos de cocína, que habría alcanzado un precio en el mercado de
234,3 millones de euros (más de 39.000 millones de pesetas).
Además de las penas ya citadas, la fiscal solicita para Santos
Marques 51 años de cárcel y 414,7 millones de euros de multa; para
Diego Fernández Duque y Balbino López, 48 años; para Ana Garrido, 50
años y 10 meses; para Ana Rosa Caneiro, Sigifredo Quintero López,
Domingo Andrés Fernández, Isidoro Campos, Carlos Arturo López y José
Ariel Jaramillo, 42 años; y para Virginia de los Ríos, casi 40 años.
Los siguientes en gravedad de penas son José Manuel Rodríguez
Sanisidro (34 años); José Manuel Vila (32) y Manuel Juan Lafuente
(18). Los procesados Emilio Raúl Núñez, Ramón Ortigueria, Jacinto
Hernández, Francisca Fraile y los marineros rusos y estonios se
enfrentan a penas de 14 años de cárcel y distintas multas. Por
último, la Fiscalía pide 13 años y 7 meses de cárcel para Julio Galán
y Miguel Angel Pérez Camean.
|
(EUROPA PRESS)
01/14/13-05/02
"