Asociaciones de trabajadores públicos temporales piden reducir el "abuso de la temporalidad" en las AAPP

Miquel Iceta durante el acto de traspaso de la cartera del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en Madrid (España), a 27 de enero de 2021.
Miquel Iceta durante el acto de traspaso de la cartera del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en Madrid (España), a 27 de enero de 2021. - EUROPA PRESS/J. Hellín. POOL - Europa Press
Publicado: miércoles, 27 enero 2021 12:49

Solicitan a Iceta una reunión para que acate el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal (CEPPT) ha solicitado una reunión con el nuevo ministro de Política Territorial y Función Pública, Miguel Iceta, para pedirle que dé cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 19 de marzo de 2020, que obliga a hacer fijo al personal del sector público "en abuso de temporalidad".

Además, la CEPPT, que nace de la unión y la colaboración de las diferentes asociaciones, plataformas y coordinadoras, pedirá también al nuevo titular del Ministerio que se paralicen todas las convocatorias de empleo público que afecten a plazas ocupadas por personal "en abuso de temporalidad".

En este sentido, asegura que el TJUE ha sentenciado que todos estos procesos no son la solución a un problema que afecta a más de 800.000 personas en España.

Según la plataforma de empleo público temporal, la precariedad laboral en la Función Pública española "se ha disparado" en todas las administraciones, ayudada por el "constante incumplimiento" de la directiva europea por parte del Estado.

"Desde su aprobación hace más de veinte años, esta directiva europea, que pretende poner freno a la temporalidad en el empleo, sólo fue traspuesta a la legislación nacional en el sector privado, no en el público, cuando España estaría obligada, puesto que es normativa vinculante", ha afirmado la CEPPT.

La organización ha concluido que constituye un "reiterado perjuicio" al personal temporal de todas las administraciones, sobre el que recae el grueso de los servicios públicos.