CCOO pide revisar la protección por desempleo y ve inviable la propuesta de la AIReF para la Seguridad Social

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. ve necesaria una revisión y reordenación "completa" del sistema de protección por desempleo en España y ve "inviable" la propuesta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de transferir 3,5 puntos de las cotizaciones por desempleo a las contingencias comunes.

Durante la presentación del informe 'El sistema de protección social en España 2018', el secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CC.OO., Carlos Bravo, ha remarcado la necesidad de una revisión y reordenación "completa" del sistema de protección por desempleo en España, ante el "deterioro" de dicha protección, paliado "parcialmente" con la recuperación del subsidio para mayores de 52 años y la consolidación del subsidio extraordinario por desempleo.

Bravo ha indicado que aunque hay 2,5 millones de parados menos que en 2013, todavía hay 900.000 personas más en desempleo que en el año 2008, así como 1,7 millones de personas (el 51%) que son parados de larga duración, de los que un 20% llevan más de cuatro años en paro, fuera por tanto de todo tipo de cobertura.

Por ello, ha abogado por "hacer el camino que se hizo en 1995" con un proceso de separación de fuentes, garantizar la financiación presupuestaria para prestaciones asistenciales de desempleo y reservar las cotizaciones por desempleo para el pago de prestaciones contributivas y la constitución de fondos de reserva con excedente, con el fin de revertir los recortes de 2012.

Tras implementar este conjunto de medidas, Bravo ha asegurado que aún quedaría margen para la reordenación de cotizaciones entre desempleo y contingencias comunes, si bien ha apuntado que no es el margen que señala la AIReF al proponer transferir 3,5 puntos de las cotizaciones por desempleo a contingencias comunes, ya que "eso es inviable".

En su lugar, Bravo apuesta por una reordenación "mucho más limitada" y que permita erigirse como una de las fórmulas para equilibrar la situación financiera de la Seguridad Social.

En este sentido, ha precisado que revertir la reforma de 2012 en materia de desempleo conllevaría un coste de 967 millones al año, mientras que transferir un punto de cotización por desempleo conlleva entre 3.000 y 3.500 millones anuales. El excedente en 2018 en cotizaciones frente a prestaciones supera los 9.000 millones, por lo que Bravo considera que hay "margen" para acometer las medidas, si bien "hace falta un interlocutor en el Gobierno para poder plantearlo".

ILP DE INGRESOS MÍNIMOS

Respecto a la iniciativa legislativa popular (ILP) de ingresos mínimos planteada por los sindicatos (CC.OO. y UGT), actualmente en tramitación parlamentaria, Bravo ha insistido en que los vacíos de cobertura del sistema de protección por desempleo son "evidentes", por lo que ha defendido la iniciativa.

"Es una lástima que el informe de la AIReF haya derivado en no contestar el fondo de lo que se preguntaba y abordar otra necesidad evidente", ha añadido, en referencia a la situación de pobreza, al tiempo que ha remarcado que "la idea de repartir recursos disponibles entre los pobres no es la mejor solución", sino que "hay que atender las necesidades y acabar con vacíos de cobertura pro desempleo porque hay márgenes presupuestarios".

En su informe la AIReF estimaba que la ILP de ingresos mínimos mejoraría la distribución de la renta en un 4% y reduciría la pobreza extrema en un 28%, con un coste fiscal entre 7.200 y 9.800 millones, y planteaba establecer un sistema de renta mínima a nivel estatal que sea compatible con salarios bajos para no desincentivar la participación en el mercado laboral.

En todo caso, Bravo ha subrayado que tanto un Gobierno del PP como del PSOE están "comprometidos" con la revisión y ordenación del sistema de protección por desempleo.

CAPITALIZACION INDIVIDUAL

Por otra parte, el informe de CC.OO. refleja que solo una de cada cuatro personas con un sistema de capitalización individual de empleo promovido a través de la negociación colectiva recibe aportaciones de sus empresarios. Dentro del sector privado, la mitad no recibe aportaciones en la actualidad.

Esta situación se evidencia también en función de la renta, ya que en los tramos de personas con ingresos entre 12.000 y 30.000 euros el número de personas que recibían aportaciones a sistemas complementarios era de 750.000 en 2009, mientras que en 2018 apenas superaba las 100.000.

Todos los tramos han visto disminuir las aportaciones, pero en mayor medida en los tramos más bajos, ha apuntado Bravo.

LISTA DE ESPERA DE 350.000 PERSONAS EN DEPENDENCIA

En materia de Dependencia, la secretaria confederal de Política Social y Movimientos Sociales, Paula Guisande, ha indicado que en 2012 los recortes paralizaron y ralentizaron la dependencia, si bien las elecciones autonómicas de mayo de 2015 dieron un "cambio importante" en la implantación del sistema y dieron paso a la "legislatura de la recuperación", desde finales de 2015 a finales de 2018.

En ese periodo (2015 y cierre 2018) el número de personas con prestación efectiva ha superado el millón de personas, con un incremento de casi el 30% (309.642 personas) de beneficiarios que han accedido a una prestación del sistema.

Al final de este periodo la lista de espera superaba las 250.000 personas (el 19,25 del total de personas con derecho reconocido a la atención), un indicador que ha registrado una minoración en más de 180.000 personas, lo que supone una minoración de cerca de la mitad de la lista de espera que se daba al principio del periodo.

Aunque con una elevada heterogeneidad entre regiones, Guisande ha denunciado que el Estado ha tenido un papel "bastante secundario" al mantener su financiación y seguir operativos los recortes de 2012. Además, ha avisado de que si no se toma ninguna medida la lista de espera permanecería hasta el año 2023, ante una previsión de que en los próximos años aumente en un millón el número de dependientes mayores de 65 años y en 700.000 los mayores de 80 años.

A finales de 2018 la lista de espera ronda las 350.000 personas dependientes, por lo que una de cada cuatro personas en situación de dependencia sigue sin recibir atención y, del total, unas 250.000 están reconocidas pero pendientes de recibir prestación efectiva.

En este sentido, Guisande ve "especialmente grave" que, tras más de una década de implantación, el sistema no garantice la cobertura al menos de los casos más graves de dependencia (grados II y III), cuya tasa de cobertura no ha mejorado en el periodo de recuperación.

LEY ESTATAL DE SERVICIOS SOCIALES Y PLAN DE CHOQUE

La estadística de beneficiarios muestra una "cierta estabilización" en el entorno de los 1,3 millones de personas reconocidas con derecho a disponer de una prestación del sistema, a las que habría que sumar la parte proporcional de las 128.000 personas que han solicitado ser valoradas pero no cuentan aún con la resolución, lo que elevaría la cifra a unos 1,4 millones de personas.

Por ello, CC.OO. reclama una Ley Estatal de Servicios Sociales y un plan de choque que conlleve un aumento de la financiación, la recuperación del liderazgo por parte del Estado y de un plan acordado que ponga en común al Estado y las comunidades autónomas en la atención de la lista de espera a través de servicios profesionales. Guisande también ha exigido la reversión de los recortes de 2013 y que se atribuya al a Dependencia la jurisdicción social.