MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
Ciudadanos votará en contra de la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de renta mínima porque "no se puede financiar" y, en su lugar, ha registrado una proposición no de ley en el Congreso por la que insta al Gobierno a reformar las políticas activas de empleo, reforzar la protección de las personas desempleadas de larga duración y las rentas de inserción social de las comunidades autónomas, así como crear una complemento salarial para jóvenes.
En declaraciones en el Congreso tras registrar la iniciativa, el portavoz económico de Ciudadanos, Toni Roldán, ha explicado que la formación naranja no puede votar a favor de la ILP de renta mínima impulsada por los sindicatos y apoyada por PSOE y Unidos Podemos porque "no se puede pagar".
Roldán ha pedido al PSOE "no podemizar la política económica", por lo que espera que los socialistas aboguen por políticas "responsables" en un contexto de cuentas "difíciles de cuadrar" en un año "especialmente complicado".
"No es una cuestión de prometer cosas que no se pueden cumplir, promesas incumplibles que no se pueden financiar o nos llevarían fuera de Europa o nos obligarían a hacer recortes", ha insistido el diputado naranja.
Roldán ha explicado que la iniciativa que ha registrado Ciudadanos se refiere a los puntos 42, 52, 61 y 63 del acuerdo de investidura suscrito con el PP, ya pactados y que se prevé que se sustenten "en las próximas semanas", y que se refieren a la implantación de un complemento salarial para jóvenes, un plan de pobreza infantil y las reformas de las políticas activas de empleo.
El Pleno del Congreso debatirá el próximo jueves la ILP de prestación de ingresos mínimos de 426 euros sin tiempo límite para las familias sin recursos, impulsada por los sindicatos con 700.000 firmas, y que contará al menos con el apoyo del PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana (ERC) y el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDECat).
COMPLEMENTO SALARIAL PARA JÓVENES
La iniciativa de Ciudadanos pide que se establezca una ayuda de acompañamiento en forma de complemento al salario para todos los jóvenes menores de 30 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que accedan a un empleo, con una duración que será ampliable en caso de que el trabajador se matricule en centros educativos o se inscriba en procesos oficiales con el fin de obtener una titulación educativa reglada, promoviendo con ello el reenganche de aquellos jóvenes que abandonaron el sistema educativo de manera temprana.
En paralelo se reformará la actual bonificación para la contratación de personas beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil para extender su aplicación a todos los trabajadores jóvenes hasta los 30 años y a los que sean beneficiarios del complemento al salario joven antes referido.
REVISAR POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
También pide revisar el Programa de Activación para el Empleo (PAE) con la finalidad de aumentar el grado de protección de los desempleados de larga duración y sus posibilidades de inserción en el mercado de trabajo.
Para ello, propone eliminar, entre los requisitos para acceder a la prestación, el que hubiesen transcurrido al menos seis meses desde el agotamiento de ayudas, rentas o prestaciones económicas de cualquier naturaleza que hubiese percibido el beneficiario.
De igual forma, propone ampliar el plazo en el que el trabajador deba acreditar la realización de tres acciones de Búsqueda Activa de Empleo (BAI) hasta los tres meses, y extender la duración máxima de la ayuda económica de acompañamiento a 12 meses.
En este sentido, propone la creación de una Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Activas de Empleo, como organismo independiente con competencias suficientes para evaluar de forma continua los efectos de las políticas activas de empleo implementadas por todas las administraciones públicas.
REFORZAR RENTAS DE INSERCIÓN SOCIAL AUTONÓMICAS
De igual forma, pide promover la constitución de un Grupo de Trabajo en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia al objeto de analizar la situación actual de las rentas de inserción social vigentes en las distintas comunidades autónomas.
La intención es acordar las medidas necesarias para armonizar sus requisitos, características y medidas de acompañamiento para la inserción social y la activación para el empleo con la finalidad de garantizar "una cobertura eficaz de las necesidades mínimas vitales de todas las personas y familias en situación de pobreza o riesgo de exclusión social".
PERFILADO ESTADÍSTICO DE LOS PARADOS
De igual forma, reclama que se refuerce la cartera común de los servicios públicos de empleo de manera que se garantice en todo el Estado el acceso en condiciones de igualdad a los servicios prestados por los mismos.
En particular, se potenciarán los servicios de orientación laboral y formativa con el fin de garantizar una atención personalizada de las personas desempleadas, se profundizará en la vinculación de las diferentes acciones en materia de políticas activas de empleo y su financiación a los resultados obtenidos en términos de inserción formativa y laboral de las personas desempleadas, y se informará públicamente del impacto de las acciones de políticas activas para favorecer su fiscalización pública.
Igualmente, aboga por aprobar, para su puesta a disposición por los servicios públicos de empleo en el plazo máximo de seis meses, un programa de perfilado estadístico basado en los datos personales y competencias profesionales de las personas desempleadas.
FORMACIÓN PROFESIONAL
Otras de sus propuestas pasan por aprobar en un plazo máximo de tres meses, el desarrollo reglamentario de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, con el objetivo diversificar la oferta de acciones de formación, incorporando, entre otras, la implantación de un sistema de cheques de formación, accesible de manera inmediata para los desempleados de larga duración.
También aboga por acordar la incorporación en los procedimientos de contratación pública, siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, cláusulas de carácter social que permitan valorar las ofertas presentadas por los licitadores que se comprometan a contratar a personas desempleadas de larga duración durante la ejecución del contrato.
A esto se sumaría la incorporación de criterios especiales de ejecución que prevea la obligación de contratar un determinado porcentaje de personas desempleadas de larga duración entre los trabajadores que se contraten con motivo de la ejecución del contrato.
CONVERTIR REDUCCIONES EN BONIFICACIONES
Por último, plantea al Gobierno convertir las reducciones vigentes en las cuotas a la Seguridad Social para el fomento de la contratación en bonificaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, entre ellas el mínimo exento de cotización a la Seguridad Social.
La meta de esta medida es favorecer la creación de empleo indefinido, y reoriente esta última para que se dirija en exclusiva a fomentar la contratación de las personas desempleadas de larga duración con 45 años o más, a fin de maximizar su eficacia a la hora de facilitar la inserción de los colectivos con mayores dificultades en el acceso al empleo.
