MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno justifica no haber intervenido en el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la embotelladora de Coca-Cola en España, la empresa Iberian Partners, que ha afectado a 1.190 trabajadores y que conlleva el cierre de las plantas de Fuenlabrada, Asturias, Palma de Mallorca y Alicante, en que según la normativa vigente la Autoridad Laboral sólo puede conocer las comunicaciones de despido colectivo y velar por la efectividad del periodo de consultas.
Así se infiere de las respuestas parlamentarias enviadas al diputado del PSOE Rafael Simancas, a los diputados de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Alberto Garzón y Gaspar Llamazares, y al portavoz de Compromís-Equo en el Congreso, Joan Baldoví, que recoge Europa Press y que se realizaron todas antes del 21 de febrero y, por tanto, cuando aún estaba abierto el periodo de consultas. Es decir, cuando sindicatos y empresa todavía podían reclamar a la Administración que interviniera.
De hecho, el Ministerio de Empleo se ofreció a mediar en el conflicto, pero ni los sindicatos ni la empresa solicitaron esa posibilidad, requisito 'sine qua non' para que la Administración pueda intervenir, tal y como recordó hace apenas un mes la portavoz 'popular' de Empleo en el Congreso, Carmen Álvarez-Arenas. Los sindicatos sí impugnaron, sin embargo, el expediente, y el primer juicio en la Audiencia Nacional se celebrará el próximo 3 de junio.
Así, las respuestas del Gobierno mantienen una redacción prácticamente idéntica, y se limitan a subrayar que, según el Estatuto de los Trabajadores y la normativa de despidos colectivos, el papel de la Autoridad Laboral en los procesos de ERE es "vigilar la información y documentación suministrada por la empresa tanto a la propia Autoridad Laboral como a la representación de los trabajadores, en orden a garantizar que estos últimos tengan un adecuado conocimiento sobre las causas que originan el procedimiento y sobre la posibilidad de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias".
"Las actuaciones de la Autoridad Laboral se circunscriben a velar por la efectividad del periodo de consultas, realizando actuaciones de asistencia y mediación a petición conjunta de las partes", insiste el Ejecutivo, que recuerda que el "protagonismo" de estas negociaciones recae en empresarios y trabajadores a la hora de "ponderar las causas y atenuar las consecuencias" del expediente.
LAS REORGANIZACIONES SON HABITUALES
En este sentido, las respuestas añaden que en el caso de Coca-Cola la Autoridad Laboral "velará por un proceso negociador responsable, confiando en que, conocedores del contexto actual en el que se encuentra (el país), las partes lleguen a un punto de equilibrio", y asegura que el Ministerio de Empleo "confía y espera un correcto desarrollo de las negociaciones" que permita "minimizar en la mayor medida posible los efectos desfavorables del despido colectivo".
En cualquier caso, el Gobierno también recuerda que "el fenómeno de las reorganizaciones cada día está más presente en la dinámica empresarial para conseguir una mayor rentabilidad o para disponer de una mejor posición en el mercado" y que este tipo de procesos se "enmarcan en una actuación general preventiva tendente a mejorar la posición de las empresas en el mercado y, de esa forma, mantener o mejorar la competitividad y el mantenimiento de un empleo apropiado a la situación de la empresa.
De hecho, apunta que las causas alegadas por Iberian Partners para justificar el ERE son "de carácter organizativo y productivo, consecuencia del proceso de integración societario de las empresas embotelladoras, así como en un descenso del volumen de pedidos y producción del 14%".
Unos argumentos que no convencen a la oposición, que en sus preguntas recuerda que Coca-Cola registró el año pasado 800 millones de euros de beneficios. "No estamos hablando de una multinacional en crisis, sino de una empresa rentable y productiva que se va a cerrar sólo para aumentar las ganancias de sus dueños", llega a reprochar Llamazares.
El diputado asturiano duda además de que la Autoridad Laboral en este caso sea el Ministerio de Empleo dado que Iberian Partners es un conglomerado de empresas franquiciadas con "sus propios convenios, relaciones laborales y peculiaridades" que, por tanto, deberían presentar expedientes individuales por factoría.
Sin embargo, en sus respuestas el Gobierno no hace referencia a estas consideraciones ni tampoco a otras preguntas de los diputados, como qué acciones tiene previsto llevar a cabo para evitar los despidos o si tiene información sobre el futuro de otras plantas de producción como la de Málaga.
