MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, presentó hoy al Consejo de Ministros para su informe el anteproyecto de ley que regulará el régimen de las empresas de inserción, aquellas destinadas a dedicar una parte de sus puestos de trabajo al empleo de personas socialmente excluidas para su posterior integración social, informó el Ministerio de Trabajo.
El objeto de dicho anteproyecto es establecer los requisitos que tienen que cumplir y las actuaciones que deben desarrollar estas empresas. Hasta ahora la legislación que las regulaba venía recogida en la disposición adicional novena de la Ley 12/2001, y en normas dictadas en once comunidades autónomas.
Entre las condiciones que contempla el anteproyecto de ley se encuentran las de estar promovidas y participadas por entidades promotoras al menos en un 51% del capital social.
Asimismo, estas empresas deberán mantener un porcentaje de trabajadores en proceso de inserción del 30% de la plantilla durante los tres primeros años y del 50% a partir del cuarto, y aplicar, al menos, el 80% de los resultados a la mejora de sus estructuras productiva y de inserción.
Las empresas de inserción y los trabajadores podrán celebrar el contrato de trabajo temporal de fomento de empleo regulado en la disposición adicional primera de la Ley 43/2006, que tiene por objeto la prestación voluntaria de servicios retribuidos por cuenta ajena en una empresa de inserción como parte esencial de un itinerario personalizado, y podrá concertarse por un periodo mínimo de 12 meses y máximo de 3 años.
Asimismo podrán celebrarse contratos de trabajo de carácter indefinido o duración determinada ajustándose a las modalidades prevista en la legislación laboral vigente.
En la actualidad, existen entre 147 y 165 empresas de estas características, en las que trabajan entre 3.550 y 3.800 empleados, de los que el 62% lo son en inserción.
Más del 57% de estas empresas se encuentran implantadas en Cataluña, Andalucía y Madrid. Su facturación se cifra en 41,4 millones de euros y los principales sectores de actividad son recuperadores y reciclaje, servicios personales y sociales, construcción, artes gráficas, jardinería y explotaciones forestales.
Según Trabajo, el colectivo afectado no es, en la actualidad, elevado, pero sí lo es el potencial al que se dirigen estas empresas, ya que en 2006 hubo 100.857 titulares beneficiarios de Rentas Mínimas de Inserción, que es un "grupo importante" dentro de los excluidos sociales que contempla el articulado del anteproyecto de ley.
Así, con la regulación de las empresas de inserción aumentará el número de personas excluidas socialmente que serán atendidas en procesos de inserción sociolaboral.
