MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los secretarios de Acción Sindical de CC.OO. y UGT, Ramón Górriz y Toni Ferrer, han remitido una carta a la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, en la que avisan de que si no se recupera la normal actividad del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que arrastra 180.000 expedientes sin resolver, ambas organizaciones "se verán abocadas a poner en marcha acciones legales y las movilizaciones necesarias en defensa de los trabajadores afectados".
Antes de dar este paso, consideran que aún hay tiempo para "aminorar y dar solución al sufrimiento de estos trabajadores", por lo que solicitan una "reunión urgente" con el Ministerio de Empleo para buscar soluciones.
La misión del Fogasa es el abono a los trabajadores asalariados de parte de los créditos salariales e indemnizaciones pendientes de pago, por declaración de insolvencia o concurso de acreedores de las empresas que se los adeudan.
Los sindicatos, cuyos secretarios generales ya enviaron una carta similar a Empleo el pasado 14 de mayo de 2013, recuerdan que tiene tres meses de plazo para resolver cada expediente. No obstante, según las cifras que manejan, los procesos pendientes de resolución alcanzan ya los 180.000, frente a los 154.357 a los que el organismo dio salida el pasado año.
En la misiva, las centrales sindicales muestran su "gran preocupación por la insostenible situación en la que se encuentran miles de trabajadores que, habiendo solicitado la prestación correspondiente al Fogasa y tras una espera de 15 meses, no obtienen respuesta".
"La situación para los trabajadores afectados es dramática, y en las condiciones actuales, el organismo no está respondiendo a los requerimientos de la ciudadanía y de los sindicatos, que se producen en un momento crítico, de aguda crisis, que indudablemente afecta con mayor crudeza a las personas y familias que involuntariamente se ven afectadas por la pérdida de sus empleos", añaden.
EN CONTRA DE LA EXTERNALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS.
Por otro lado, CC.OO. y UGT se oponen "radicalmente" a la externalización de parte de los servicios llevada a cabo por el Gobierno (proyecto Greta), ya que los resultados obtenidos demuestran, a su juicio, que esta decisión "está ocasionando auténticas situaciones de injusticia y discriminación, que vienen a agravar el retraso existente".
A modo de ejemplo, aseguran que los trabajadores despedidos de Tragsatec siguen pendientes, tras 15 meses de espera, de la resolución de su expediente que está siendo procesado de manera externalizada, mientras que otros expedientes que se han presentado hace seis meses ya han sido resueltos en el Fogasa.
Por tanto, CC.OO. y UGT consideran que este proyecto ha sido un "parche" que no va a resolver el atasco existente, ni va a normalizar el cobro de la prestación por los solicitantes.
Los sindicatos siguen apostando, según señalan en la carta remitida a Empleo, por una "solución global y definitiva" que sea capaz de llevar al Fogasa, dentro de un plazo razonable, a unos niveles de gestión, de calidad de servicio y de condiciones laborales de la plantilla, "mínimamente satisfactorios". Para ello, proponen utilizar los instrumentos que actualmente tiene la Administración General del Estado (AGE).
